En la primera sesión ordinaria del año, realizada en marzo, la Legislatura provincial aprobó un incremento salarial del 10% para los trabajadores legislativos, medida que también alcanza al personal político de todos los bloques. La decisión generó cuestionamientos no solo por su impacto en el gasto público, sino también porque no fue informada oficialmente ni publicada en la web del organismo.

Según trascendió, el acuerdo se habría alcanzado con la Asociación de Personal Legislativo (APEL) en un contexto económico complejo, marcado por la caída de ingresos provinciales. Además, el aumento no contaría con respaldo presupuestario para cubrir todo el año, ya que los recursos disponibles alcanzarían solo hasta el mes de octubre, lo que abre interrogantes sobre su sostenibilidad.

A este escenario se suma la restitución de un beneficio para agentes adscriptos, que vuelve a habilitar el pago de compensaciones por traslado y estadía. La medida quedó establecida en una resolución que deja sin efecto una disposición previa que había eliminado ese ítem. En ese marco, se establece que “Los agentes de la Administración Pública nacional, provincial y municipal que desempeñen tareas en Legislatura provincial en calidad de adscriptos podrán percibir, en concepto de asignación compensatoria, para cubrir gastos de traslado y estadía”.

La decisión incluye montos diferenciados según el cargo, contemplando a legisladores, funcionarios y personal de bloques que residen fuera de Ushuaia. Mientras desde el ámbito legislativo argumentan que estas compensaciones permiten garantizar el funcionamiento de los equipos en una provincia con distancias significativas, las medidas vuelven a poner en debate el manejo de los recursos públicos y la falta de difusión oficial de decisiones que implican un aumento del gasto.