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Nacionales

Un proyecto busca limitar las tasas municipales y pone una condición clave para los intendentes

La discusión por las tasas municipales sumó un nuevo capítulo en el Congreso. Un proyecto presentado por La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados busca fijar reglas generales para limitar la creación, modificación y cobro de esos tributos en todo el país, con el argumento de que solo pueden exigirse cuando exista un servicio estatal concreto, efectivo e individualizado a favor del contribuyente.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Patricia Vásquez y apunta a establecer un marco legal de alcance nacional al que puedan adherir provincias y municipios. El texto se apoya en jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Justicia bonaerense, y plantea como eje central que una tasa solo será válida si responde de manera directa a una prestación específica brindada por el Estado municipal.

En ese sentido, el proyecto establece tres condiciones básicas para que los municipios puedan cobrar una tasa. La primera, y considerada esencial, es la existencia real de un servicio concreto y efectivo. A eso se suma la necesidad de identificar claramente al contribuyente beneficiado, o al menos que sea razonablemente determinable, y además exige que el monto cobrado mantenga una relación razonable con el costo del servicio prestado.

De avanzar la propuesta, los intendentes quedarían sujetos a nuevas restricciones no solo para crear tributos, sino también para continuar percibiendo algunos ya vigentes. El texto indica que no podrán sostenerse aquellas tasas cuya base de cálculo no esté atada a una prestación estatal individualizada o que, por su diseño, funcionen como mecanismos meramente recaudatorios encubiertos.

El proyecto también prohíbe expresamente que los municipios utilicen parámetros como ingresos, facturación u otros indicadores ajenos al costo del servicio para determinar el valor de una tasa. Además, advierte que cualquier cobro que no cumpla con esos criterios podría ser interpretado como una afectación ilegítima al derecho de propiedad, e incluso adquirir carácter confiscatorio si absorbe una parte sustancial de la renta o del capital del contribuyente.

Otro de los puntos relevantes es que la carga de la prueba recaería sobre el municipio. Es decir, cada comuna debería demostrar la existencia del servicio, su efectiva prestación, el destinatario concreto y la razonabilidad del costo. Incluso se habilita la posibilidad de que las administraciones locales utilicen cuentas bancarias específicas para acreditar que los fondos recaudados guardan relación directa con el servicio financiado.

En los fundamentos, Vásquez sostuvo que la propuesta busca resguardar principios constitucionales vinculados al derecho de propiedad, la razonabilidad tributaria y la prohibición de confiscatoriedad. Para ello citó antecedentes judiciales que, según remarcó, ratifican que una tasa municipal no puede cobrarse sin una contraprestación efectiva y proporcionada.

La ofensiva libertaria sobre este tema no se limita al Congreso. En la provincia de Buenos Aires, el espacio que conduce Sebastián Pareja ya había desplegado una avanzada similar en numerosos concejos deliberantes, con proyectos orientados a eliminar, reducir o simplificar distintas tasas y cargas locales. Esa estrategia forma parte de una disputa política más amplia con el peronismo bonaerense, en especial con Axel Kicillof y varios intendentes, de cara al escenario electoral de 2027.

Desde el oficialismo libertario sostienen que buena parte de las tasas vigentes carecen de una contraprestación clara y cuestionan que muchos municipios hayan reforzado su presión tributaria para compensar la reducción de impuestos nacionales. Del otro lado, el gobierno bonaerense y sus referentes rechazan esa mirada y acusan a La Libertad Avanza de intentar avanzar sobre la autonomía municipal.

Así, la iniciativa presentada en Diputados no solo abre una discusión jurídica y fiscal sobre los límites del poder tributario local, sino que también se inscribe en la pulseada política que el mileísmo ya libra con intendentes y gobernadores, con la provincia de Buenos Aires como principal campo de batalla.

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