El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional escaló este martes con el inicio de un paro total de actividades impulsado por los trabajadores, luego de que se confirmara una nueva tanda de despidos que, según denuncian desde el sector gremial, alcanzaría a unas 240 personas antes del 10 de abril. La medida comenzó en la sede central del organismo, en la calle Dorrego de la Ciudad de Buenos Aires, y se extendió al resto de las estaciones meteorológicas del país.

La protesta volvió a poner en primer plano la situación operativa de un organismo estratégico para la vida cotidiana y para distintas actividades productivas. Desde ATE advirtieron que el recorte afectaría a más del 30% del personal civil, una reducción que dejaría al sistema por debajo del mínimo necesario para sostener tareas esenciales de observación, monitoreo y emisión de información meteorológica.

Uno de los principales puntos de alarma está vinculado a la seguridad aeronáutica. Los trabajadores sostienen que, sin observadores ni técnicos suficientes para elaborar reportes certificados, se complica la provisión de datos indispensables para las operaciones aéreas. En ese escenario, el conflicto podría derivar en cancelaciones y alteraciones en vuelos si no aparece una resolución oficial en las próximas horas.

El malestar también se explica por las consecuencias que tendría la poda de personal sobre otras áreas sensibles, como la producción agropecuaria. Según señalan los gremios, la posible baja de trabajadores implicaría además el cierre de decenas de estaciones de observación en distintos puntos del país, con la consiguiente pérdida de datos sobre variables climáticas fundamentales para la actividad rural y para la elaboración de pronósticos más precisos.

Desde el sector sindical remarcan que el problema excede lo laboral y afecta directamente la capacidad del organismo para responder ante fenómenos extremos. Afirman que el SMN ya venía funcionando con recursos limitados y que una reducción de esta magnitud debilitaría áreas técnicas, operativas y científicas, incluso en zonas estratégicas como la Antártida.

Mientras la medida de fuerza continúa, crece la incertidumbre en torno al funcionamiento de un servicio considerado central para la prevención, la seguridad y la planificación de actividades comerciales y civiles en todo el país. Por ahora, no hubo una resolución que desactive el conflicto y los trabajadores mantienen el estado de alerta frente a un ajuste que, aseguran, pone en riesgo mucho más que sus puestos de trabajo.