El Gobierno nacional confirmó que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental vigente desde 2010. El anuncio fue realizado este martes por Manuel Adorni, mientras que el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, señaló que la propuesta apunta a actualizar el marco legal para mejorar la respuesta del sistema sanitario y corregir problemas detectados en la aplicación de la norma actual.

Según la explicación oficial, la iniciativa fue elaborada a partir de un relevamiento que reunió aportes de pacientes, familiares, profesionales de la salud y actores de los ámbitos judicial y legislativo. A partir de ese trabajo, el Ejecutivo sostiene que se identificaron dificultades concretas para intervenir en situaciones de riesgo, urgencia y emergencia, además de superposiciones normativas y limitaciones en el funcionamiento territorial del sistema.

Uno de los argumentos centrales del proyecto es la desigual implementación de la ley actual en el país. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Salud y replicada por medios nacionales, solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la normativa vigente. A eso se suman diferencias en infraestructura: no todas las provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental ni con camas de internación, una situación que, según la cartera sanitaria, profundiza las desigualdades en el acceso a la atención.

Entre los cambios más relevantes aparece una modificación en la terminología y en los criterios diagnósticos. El proyecto propone dejar atrás la noción de “padecimiento mental” e incorporar como referencia la Clasificación Internacional de Enfermedades, con el objetivo de ganar precisión clínica y reducir interpretaciones ambiguas. En esa misma línea, el texto plantea reemplazar el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con la intención de habilitar intervenciones más tempranas y preventivas.

La propuesta también introduce cambios en el régimen de internaciones involuntarias. Aunque mantiene su carácter excepcional, prevé que un médico psiquiatra pueda indicar una internación inmediata en casos de riesgo inminente, con la obligación de que esa decisión sea ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Además, se impulsaría una ampliación del plazo para la notificación judicial, que pasaría de 10 a 24 horas, en busca de ordenar los procedimientos administrativos y sanitarios.

Otro punto fuerte del proyecto es el nuevo enfoque sobre la red de atención. A diferencia de la ley vigente, que promovía el reemplazo progresivo de los hospitales psiquiátricos, la iniciativa oficial propone integrar hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, espacios comunitarios y residencias asistidas dentro de un sistema coordinado por niveles de complejidad. La intención, según el Gobierno, es ampliar la capacidad de respuesta sin eliminar instituciones que hoy siguen siendo utilizadas por pacientes que requieren tratamientos prolongados o especializados.

En paralelo, la reforma prevé una mayor participación del Ministerio de Salud en los mecanismos de supervisión del sistema. El objetivo oficial es reforzar el control sobre la calidad de las prestaciones y mejorar la articulación entre distintas áreas técnicas del Estado, dentro de un esquema que también incluiría a organismos con intervención en consumos problemáticos y salud mental.

Tras el anuncio, el primer respaldo político visible llegó desde la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri expresó públicamente su apoyo a la reforma y afirmó que la ley actual no está dando respuestas suficientes. También puso a disposición del Congreso a los equipos de salud porteños para colaborar en el debate legislativo, en una señal de acompañamiento al proyecto que el Ejecutivo espera enviar en los próximos días.