Tierra del Fuego volvió a quedar en el centro del debate sobre el desarrollo productivo a partir de un reciente informe del Banco Mundial, que cuestiona los modelos industriales sostenidos casi exclusivamente por beneficios fiscales y barreras arancelarias. El documento advierte que ese tipo de herramientas, cuando no están atadas a metas concretas de innovación, productividad y apertura de mercados, terminan generando distorsiones y elevados costos para el Estado.

El estudio, titulado “Revisitando la política industrial: opciones estratégicas para la actualidad”, menciona de manera directa el caso fueguino y lo toma como ejemplo de un esquema que demanda una fuerte erogación de recursos públicos. Según el análisis, el sostenimiento del régimen implica para las cuentas nacionales un costo superior a los 1.000 millones de dólares por año, en un contexto en el que el organismo internacional reclama revisar la eficacia de ese tipo de asistencias prolongadas.

En ese marco, el Banco Mundial plantea que las políticas industriales del presente ya no pueden descansar únicamente en subsidios o exenciones impositivas. Por el contrario, sostiene que deben orientarse a promover innovación real, modernización productiva y generación de empleo de calidad. La propuesta apunta especialmente a una transformación hacia una industria más vinculada a criterios ambientales y tecnológicos, con capacidad de integrarse a las nuevas demandas globales.

Uno de los puntos que más resuena en la realidad de Río Grande y Ushuaia es la referencia a la digitalización de la producción. El informe remarca que la incorporación de herramientas asociadas a la Industria 4.0 aparece hoy como una condición central para que los polos manufactureros no queden rezagados frente a otros centros productivos. En esa línea, señala que los incentivos estatales deberían estar ligados al desempeño tecnológico y no sostenerse de manera indefinida sin evaluaciones periódicas.

El documento también alerta sobre los riesgos de mantener esquemas de apoyo sin plazos claros de reducción o sin mecanismos de revisión. Según esa mirada, una asistencia ilimitada puede derivar en “incentivos perversos” que terminan alejando al sistema de su objetivo original. Para el caso fueguino, esto reabre la discusión sobre la necesidad de avanzar hacia procesos con mayor valor agregado, desarrollo de componentes y transferencia tecnológica efectiva.

A la vez, el reporte observa que la transición energética abre nuevas posibilidades para regiones con recursos estratégicos. En ese escenario, Tierra del Fuego aparece mencionada por su potencial en energías limpias, especialmente en materia eólica e hidrógeno verde, como una posible alternativa para ampliar su matriz económica más allá de la electrónica ensambladora.

El análisis agrega que cualquier reconversión de este tipo requiere condiciones estables, reglas previsibles y una institucionalidad capaz de sostener políticas de largo plazo. También insiste en que no hay fórmulas universales para garantizar el éxito industrial, aunque sí existen errores frecuentes que conviene evitar, entre ellos la falta de competencia, el aislamiento tecnológico y la dependencia de subsidios que no impulsan mejoras reales.

Finalmente, el informe deja abierta una vía complementaria para el futuro de la provincia: potenciar servicios logísticos de mayor complejidad que acompañen la actividad manufacturera. Esa articulación, según la visión del organismo, podría ser una de las claves para que Tierra del Fuego encuentre nuevas oportunidades de diversificación y competitividad.