Tierra del Fuego figura entre las provincias con mayores niveles de ausentismo escolar en el nivel secundario, según un informe elaborado por Argentinos por la Educación a partir de datos de las pruebas Aprender 2024 y PISA 2022. De acuerdo con ese relevamiento, el 55% de los estudiantes fueguinos del último año acumula 15 o más inasistencias, una cifra que ubica a la provincia entre las jurisdicciones más afectadas del país.

El trabajo también muestra que el problema creció a nivel nacional. En 2024, el 51% de los alumnos del último año de secundaria declaró haber faltado al menos 15 veces hasta octubre, mientras que en 2022 ese porcentaje había sido del 44%. Además, aumentó la cantidad de jóvenes con más de 20 faltas y también la de quienes registran entre 15 y 19, lo que marca un agravamiento del fenómeno.

Entre las provincias con peores indicadores aparecen Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego y La Pampa. En contraste, Santiago del Estero, San Juan y Jujuy muestran niveles más bajos de ausentismo. El informe advierte que esta problemática no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra cada vez más en estudiantes con trayectorias escolares más débiles, generando una fuerte polarización en la asistencia.

En cuanto a las causas, los problemas de salud encabezan los motivos de inasistencia, pero el segundo factor más mencionado por los estudiantes es no tener ganas de ir a la escuela. A eso se suman dificultades de acceso, conflictos familiares, trabajo y tareas de cuidado. Para los especialistas, este escenario refleja un deterioro del vínculo entre los jóvenes y la escuela, además de un desgaste en las condiciones que sostienen la permanencia en el aula.

Los directores, por su parte, consideran que el ausentismo estudiantil es hoy el principal obstáculo para el aprendizaje, por encima de otros problemas como la impuntualidad, los bajos logros educativos o las faltas docentes. El informe, además, advierte que Argentina todavía no cuenta con un sistema abierto y consolidado de datos nominales sobre inasistencias, lo que dificulta un seguimiento más preciso y el diseño de políticas públicas para enfrentar una problemática que en Tierra del Fuego ya encendió una señal de alarma.