Las reiteradas amenazas registradas en instituciones educativas volvieron a encender la preocupación y reabrieron el debate sobre cómo abordar este tipo de episodios. En ese marco, Lazzaroni consideró que se trata de situaciones que no deben naturalizarse ni dejarse crecer, aun cuando en la provincia exista un control efectivo sobre las armas.
Durante una entrevista con FM del Pueblo, señaló que detrás de algunos de estos hechos podría haber adolescentes que intentan evitar asistir a clases, aunque aclaró que el análisis no puede agotarse en esa explicación. Por el contrario, remarcó que es indispensable observar de qué manera intervienen los equipos de orientación dentro de cada escuela y qué herramientas reales tienen para acompañar a los estudiantes.
También planteó que no corresponde depositar toda la carga sobre los docentes, ya que el problema requiere un abordaje más amplio. En esa línea, sostuvo que la contención debe involucrar a distintos actores y que resulta fundamental fortalecer los dispositivos de apoyo en el ámbito educativo.
Otro de los aspectos que mencionó fue la crisis que atraviesa el sistema de salud mental. Según advirtió, la legislación vigente presenta falencias y a eso se suma la falta de recursos humanos y las demoras para acceder a atención profesional, lo que dificulta la respuesta temprana frente a situaciones complejas que afectan a chicos y adolescentes.
Por último, puso el foco en el papel de las familias y del Estado frente al avance de contenidos violentos en entornos digitales. Alertó que existen espacios virtuales que pueden influir negativamente en los jóvenes y remarcó que la salida no pasa por utilizar estos temas con fines políticos, sino por sostener políticas serias de prevención y un acompañamiento constante hacia los adolescentes.
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