La jueza laboral de Ushuaia, Gabriela San Martín, rechazó la acción de hábeas data presentada por el dirigente sindical Horacio Catena contra el Gobierno provincial, en la que se solicitaba la suspensión del Sistema Único de Novedades de Agentes (SUNA). Con esta resolución, la herramienta administrativa continuará en funcionamiento.

El planteo había sido impulsado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), que advertía sobre una presunta vulneración a la privacidad de los docentes. En particular, cuestionaban que el sistema permitiera registrar información considerada sensible, como la adhesión a medidas de fuerza, sin contar según su postura con garantías suficientes de seguridad y confidencialidad.

Sin embargo, la magistrada resolvió desestimar la presentación al considerar que el gremio no tenía legitimación para promover este tipo de acción judicial. En su fallo, recordó que el hábeas data, regulado por la Ley 25.326, está destinado a proteger derechos personalísimos y que sólo puede ser ejercido por los titulares de los datos o sus representantes legales.

En esa línea, sostuvo que el sindicato no actuó en defensa de un derecho propio, sino en representación de terceros, lo cual no está permitido en este tipo de procesos. Además, remarcó que el SUTEF no acreditó una representación legal concreta que lo habilitara a accionar en nombre de los docentes.

La resolución también hizo hincapié en que no corresponde trasladar al ámbito colectivo un reclamo que, por su naturaleza, debe ser planteado de manera individual por cada trabajador. De esta forma, el tribunal evitó pronunciarse sobre el funcionamiento o la legalidad del sistema SUNA, al no cumplirse un requisito básico para avanzar en el análisis del fondo de la cuestión.

Como resultado, la jueza declaró la falta de legitimación activa del gremio, rechazó la medida cautelar solicitada y dispuso que las costas se distribuyan por su orden. De esta manera, el intento judicial impulsado por Catena quedó sin efecto.

Finalmente, el fallo se apoyó en antecedentes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia para reforzar que el interés de una organización no equivale automáticamente al conjunto de los intereses individuales de sus afiliados. Con este escenario, el sistema SUNA seguirá operativo mientras no exista una presentación válida por parte de los propios titulares de los datos.