Después de una extensa sesión cargada de cruces políticos y cuestionamientos ambientales, la Cámara de Diputados convirtió en ley la modificación de la norma que protege glaciares y ambiente periglacial. La iniciativa fue aprobada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, tras un debate que se extendió por más de diez horas.

La reforma había llegado al recinto impulsada por el gobierno de Javier Milei, pero su avance estuvo sostenido por el respaldo de gobernadores de provincias con fuerte interés minero. Entre los mandatarios que empujaron los cambios aparecen Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Alfredo Cornejo y Carlos Sadir, en un esquema de alianzas orientado a ampliar el margen para nuevos proyectos extractivos.

Uno de los puntos centrales del nuevo texto es que deja en manos de las provincias una mayor capacidad para determinar qué áreas deben seguir bajo resguardo y cuáles podrán quedar habilitadas para actividades productivas. El criterio girará en torno a la llamada “función hídrica efectiva”, una redefinición que para el oficialismo aporta precisión técnica, pero que para sectores opositores y organizaciones ambientalistas implica un retroceso en la protección vigente.

Durante la discusión parlamentaria, el oficialismo defendió la modificación con el argumento de que permitirá destrabar inversiones mineras millonarias, especialmente en provincias vinculadas al cobre y al litio. En cambio, desde la oposición advirtieron que el cambio puede derivar en conflictos judiciales, además de poner en riesgo reservas estratégicas de agua en zonas cordilleranas.

La aprobación también se dio en medio de manifestaciones y reclamos de agrupaciones ambientalistas frente al Congreso, que rechazaron el proyecto y alertaron sobre sus posibles consecuencias. Pese a esa presión, el oficialismo logró reunir el número necesario y cerró una de sus victorias legislativas más sensibles del año en materia económica y de recursos naturales.