En comunicación con Radio Provincia Ushuaia, la abogada Griselda Engelhard, quien representa a damnificados y al Colegio de Corredores y Martilleros, confirmó que las causas se tramitan en el Juzgado de Instrucción N°1 y que ya se habla de una “megacausa” por la cantidad de denuncias acumuladas.

Según explicó, el modus operandi se repetía en distintos casos: ofrecían terrenos a través de redes sociales o contactos informales, sin intervención de profesionales matriculados ni documentación legal que respalde las operaciones. En ese contexto, las víctimas habrían entregado sumas que van desde los 5 hasta los 26 millones de pesos.

Los pagos se habrían concretado de diversas maneras, incluyendo transferencias bancarias, dinero en efectivo, entrega de vehículos e incluso mediante la toma de préstamos personales. “Hay familias que han entregado autos y sacado créditos. Es una situación muy grave”, advirtió la letrada.

Otro de los elementos señalados en las denuncias es la presión ejercida durante las operaciones. “Te dicen que hay otros interesados y que tenés que pagar ya”, explicó Engelhard, describiendo una maniobra que buscaba apurar las decisiones de compra sin permitir verificaciones.

Hasta el momento se registran entre cinco y seis damnificados, aunque no descartan que el número continúe creciendo. De hecho, algunos afectados ya comenzaron a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir información y avanzar con las denuncias.

Desde el punto de vista legal, la abogada indicó que podrían configurarse distintos delitos, entre ellos estafa, ejercicio ilegal de la profesión y estelionato. Además, remarcó que este tipo de operaciones son nulas, ya que la comercialización de inmuebles requiere la intervención de corredores inmobiliarios matriculados.

“Una inmobiliaria no es un kiosco. Se necesita título habilitante. Comprar por redes sociales sin un profesional es una señal de alerta enorme”, subrayó.

Uno de los ejes centrales de la investigación será determinar la titularidad de los terrenos ofrecidos, es decir, si pertenecían al Estado municipal o si habían sido adjudicados previamente a terceros. No obstante, Engelhard aclaró que, aun en ese último caso, no podrían ser comercializados bajo este tipo de operatoria.

Finalmente, no se descarta que a medida que avance la causa puedan analizarse eventuales responsabilidades civiles, incluso vinculadas a los mecanismos de control sobre tierras fiscales.

Desde el ámbito legal insistieron en la necesidad de extremar precauciones antes de realizar cualquier operación inmobiliaria: verificar la titularidad, exigir documentación respaldatoria y recurrir siempre a profesionales matriculados o a organismos oficiales antes de concretar una compra.