Las obras sociales sindicales volvieron a poner en primer plano la gravedad de su situación financiera y advirtieron que el sistema atraviesa un escenario crítico que compromete la prestación de servicios médicos esenciales. El diagnóstico fue elevado por la CGT, que sostuvo que muchas entidades ya no logran sostener con normalidad la cobertura y dependen del respaldo económico de los sindicatos para seguir funcionando.

El planteo surgió de un informe elaborado por el secretario de Acción Social de la central obrera, José Luis Lingeri, donde se expone que la estructura de financiamiento quedó desfasada frente al costo real de la atención sanitaria. Según ese documento, las obras sociales nacionales tienen una recaudación promedio de $67.525 por afiliado, mientras que el costo estimado del Programa Médico Obligatorio para marzo de 2026 rondaría los $85.000 por persona. Esa diferencia, remarcaron, deja a una enorme porción del sistema sin recursos suficientes para cubrir las prestaciones exigidas.

De acuerdo con los datos difundidos, más de 11 millones de beneficiarios, equivalentes al 78,5% del padrón, no realizan aportes que alcancen para financiar el PMO. A eso se suma otro dato que refleja la fragilidad del esquema: más de 9 millones de afiliados, es decir el 67% de la población alcanzada por las obras sociales nacionales, se ubican por debajo de la recaudación promedio. Para la CGT, esta ecuación se agravó por la caída del poder adquisitivo de los salarios y por el aumento de los costos médicos, que avanzan por encima de la inflación general.

En ese contexto, la central sindical señaló que la asistencia diaria a los afiliados comienza a resentirse. La consecuencia, advirtieron, se traduce en atrasos en los pagos a prestadores, deterioro en la calidad de atención, mayores demoras para acceder a estudios y tratamientos, y creciente malestar entre los usuarios del sistema. Incluso mencionaron que algunas obras sociales ya fueron dadas de baja, otras fueron declaradas en crisis y varias terminaron intervenidas.

Otro de los puntos que genera mayor preocupación es la incorporación de monotributistas. Según el informe, el aporte de este sector ronda los $20.000 y queda muy lejos del costo real del PMO, con una brecha del 290%. La CGT sostuvo que esta diferencia provoca un fuerte desequilibrio interno, ya que las obras sociales deben absorber afiliados que aportan muy por debajo del gasto sanitario que demandan.

La situación también es cuestionada en el caso de los jubilados que permanecen dentro de estas coberturas. La central obrera remarcó que el PAMI transfiere $48.269 por afiliado, un monto que consideró claramente insuficiente frente a lo que realmente recauda ese organismo. A criterio de la CGT, esta desigualdad representa otro factor que profundiza el ahogo financiero del sistema.

A la vez, el informe incluyó una advertencia sobre la pérdida de acceso a medicamentos. Según el relevamiento, la capacidad de compra de remedios ambulatorios sufrió una caída promedio del 49% entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023, una tendencia que, aseguraron, todavía no logró revertirse. Para las obras sociales, este deterioro impacta de lleno en uno de los aspectos más sensibles de la cobertura.

El documento también cuestionó el esquema de facturación de hospitales públicos en algunos distritos, al considerar que en ciertos casos los valores cobrados superan a los del sector privado. Además, se denunció que muchas prácticas no cuentan con autorización previa o son informadas de manera tardía, lo que impide controles adecuados y termina derivando en facturas judicializadas.

Por último, la CGT apuntó contra el manejo de los subsidios distribuidos por la Superintendencia de Servicios de Salud. Sostuvo que el reparto de fondos, como el SUMA, no distingue entre obras sociales con bajos ingresos y entidades con mucha mayor capacidad de recaudación, lo que genera una asignación que consideró inequitativa. También advirtió que el Fondo Solidario de Redistribución se encuentra cada vez más presionado, especialmente por el crecimiento de las prestaciones por discapacidad, que ya consumen más del 75% de sus recursos.

En ese marco, la central sindical cerró su diagnóstico con una advertencia contundente: si no se corrigen las asimetrías en el financiamiento y en la distribución de fondos, el sistema de obras sociales seguirá perdiendo capacidad de respuesta y quedará cada vez más lejos de garantizar una cobertura médica adecuada para millones de trabajadores y sus familias.