Tierra del Fuego se ubica entre las jurisdicciones más golpeadas del país por la reducción de transferencias nacionales, no tanto por el volumen total de fondos perdidos, sino por el fuerte impacto que esa caída tiene en relación a su población.

De acuerdo a un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, las provincias argentinas dejaron de percibir el equivalente a USD 17.735 millones en los últimos 26 meses, en el marco del ajuste fiscal impulsado por la gestión del presidente Javier Milei.

En ese contexto, Tierra del Fuego aparece entre las más perjudicadas cuando se analiza la pérdida por habitante. En el caso de las transferencias no automáticas —aquellas que dependen de decisiones discrecionales del Gobierno nacional— la provincia sufrió un recorte de $1.014.081 por persona, ubicándose entre las más afectadas del país.

La situación se repite en los envíos automáticos, donde la caída alcanzó los $966.072 por habitante, producto principalmente de la menor recaudación de impuestos coparticipables como el IVA y el Impuesto a las Ganancias.

El impacto combinado de ambos factores posiciona a la provincia en una situación compleja. En términos totales, Tierra del Fuego dejó de recibir el equivalente a USD 174 millones, una cifra que, si bien es menor frente a distritos más grandes, adquiere relevancia al distribuirse en una población más reducida.

El economista Nadin Argañaraz explicó que este escenario responde tanto a la reducción de transferencias discrecionales como a la caída en la recaudación de tributos coparticipables, influida por modificaciones en impuestos nacionales.

A nivel general, el informe detalla que las provincias acumularon una pérdida superior a los $36 billones en términos reales, donde el 57% del ajuste se explica por la baja en transferencias no automáticas y el 43% por la merma en los envíos automáticos.

Este contexto redefine la relación fiscal entre Nación y provincias, obligando a los distritos a afrontar mayores exigencias con menos recursos. En el caso fueguino, donde el sector público tiene un peso importante en la economía, la reducción de ingresos impacta de manera directa en la capacidad de sostener servicios, inversión pública y políticas sociales.

El dato cobra mayor relevancia en medio de un escenario local marcado por la discusión sobre financiamiento y coparticipación, con márgenes fiscales cada vez más ajustados y mayores desafíos para la gestión cotidiana.