La abogada Noelia Galera, integrante de la Defensoría Federal, brindó una charla en el Centro Polivalente de Arte destinada a estudiantes de ambos turnos y a sus familias, en la que se abordaron las implicancias legales de situaciones cada vez más frecuentes en el ámbito escolar, como amenazas, acoso, falsificación de documentos y el uso indebido de tecnologías.

La convocatoria surgió a partir de una preocupación que la profesional expresó en redes sociales y que motivó a las autoridades educativas a generar este espacio de diálogo. Durante su exposición, Galera hizo especial hincapié en la falta de información que existe entre los jóvenes respecto a las consecuencias jurídicas de sus acciones. “Con menores me pasa que me dicen: ‘¿eso es delito?’ Entonces ahí veo una falencia del Estado que solamente piensa en bajar la edad de punibilidad, pero no les explica a los chicos las consecuencias de sus actos”, señaló .

En ese marco, explicó que muchas conductas que los adolescentes consideran “bromas” pueden encuadrar en figuras penales. Como ejemplo, mencionó el delito de intimidación pública, que puede configurarse incluso sin la existencia de un arma o una intención real de concretar una amenaza. “Hay un delito que se llama intimidación pública, que es este generar temor, ni siquiera hace falta que yo tenga un arma, ni siquiera hace falta que lo haya puesto en serio”, detalló, remarcando que el solo hecho de provocar alarma en una comunidad ya puede ser punible .

Asimismo, la abogada advirtió sobre otras situaciones que comienzan a aparecer con mayor frecuencia, especialmente vinculadas al uso de tecnología. Entre ellas, mencionó la utilización de inteligencia artificial para manipular imágenes de compañeros, la difusión de contenido sin consentimiento y el uso indebido de datos personales. “Hay muchos temas que hay que abordar con los chicos, más que nada para prevenir, porque si no los estamos esperando al solo efecto de castigarlos”, expresó .

Durante el intercambio con los estudiantes, surgieron inquietudes vinculadas a la responsabilidad individual, las posibles consecuencias judiciales y el accionar frente a situaciones de este tipo. Galera explicó que, en muchos casos, los hechos no se cometen de manera individual, sino en grupo, lo que puede derivar en la participación de cómplices o encubridores. “La gracia de un menor es agrandarse con sus compañeros, y ahí podemos tener cómplices encubridores, capas de 15, 16, ya imputables los mayores encubridores”, indicó .

En cuanto al impacto de un proceso judicial, la profesional fue contundente al señalar que se trata de una experiencia compleja y muchas veces traumática, especialmente para adolescentes. “Es bastante fuerte un proceso penal, con audiencias, con fiscales, jueces, un idioma que ellos no conocen”, explicó, agregando que incluso una declaración testimonial puede derivar en consecuencias legales si no se dice la verdad por miedo o presión .

También hizo referencia a las penas previstas para ciertos delitos, como las amenazas, que pueden implicar condenas de entre uno y seis años de prisión. En ese sentido, advirtió que los procesos suelen comenzar con medidas como allanamientos, situaciones que generan un fuerte impacto en el entorno familiar. “No es nada lindo un allanamiento en tu casa”, sostuvo, al describir escenarios que muchas veces los jóvenes no logran dimensionar .

Otro de los ejes abordados fue el rol de las instituciones educativas. Para Galera, las escuelas deben priorizar el acompañamiento por sobre las sanciones punitivas. “Yo creo que tiene que acompañar, sobre todo porque si no volvemos a lo mismo que la ley, estamos metiendo en un proceso penal chicos que no tienen conciencia”, afirmó, al tiempo que destacó la importancia del diálogo con las familias .

En relación a los cambios legislativos que podrían entrar en vigencia, la abogada advirtió que adolescentes cada vez más jóvenes podrían ser alcanzados por el sistema penal. “Vamos a tener chicos de 14 años que pueden enfrentar un proceso penal”, señaló, y consideró que el sistema no se encuentra preparado para abordar esta realidad, tanto desde lo institucional como desde lo social .

Finalmente, remarcó que la responsabilidad penal es individual, aunque insistió en la necesidad de un abordaje integral que incluya a la familia, la escuela y el sistema judicial. En esa línea, sostuvo que es fundamental avanzar en la educación legal desde edades tempranas. “No minimizar, pero actuar de antemano. Prevenir, ¿de qué nos sirve que los esperemos con el proceso penal?”, concluyó, subrayando la urgencia de generar herramientas que permitan a los jóvenes comprender el alcance de sus actos antes de que enfrenten consecuencias judiciales .