Martín Perez llevó el reclamo patagónico a Nación y alertó por el impacto del ajuste en Río Grande

En el marco del Encuentro Nacional de Gobiernos Locales realizado en la ciudad de Buenos Aires, el intendente de Río Grande, Martín Perez, participó junto a otros jefes comunales del país en una presentación formal ante el Ministerio de Economía para exponer la delicada situación que atraviesan los municipios.

Durante la jornada, los intendentes expresaron su preocupación por el deterioro financiero de las administraciones locales, en un escenario marcado por la paralización de obras públicas nacionales, la suba constante de los combustibles y la falta de recursos que, según remarcaron, deberían destinarse a infraestructura. En ese planteo también reclamaron que el precio de los combustibles vuelva a los valores vigentes al 1° de marzo y exigieron la reactivación de los proyectos frenados desde 2023.

Perez fue el encargado de hablar en nombre de los intendentes patagónicos y planteó que el ajuste impulsado por el Gobierno nacional golpea directamente a las economías regionales. Sostuvo que en Río Grande las consecuencias ya son visibles en el mercado laboral y en toda la actividad privada.

Como ejemplo, señaló que la ciudad perdió 5.000 puestos de trabajo industriales directos entre 2023 y 2026. A eso sumó otro dato que consideró alarmante: la caída total de 10.000 empleos privados registrados, producto del derrumbe de la industria y de su efecto sobre el resto del entramado económico local.

El intendente también aseguró que la producción industrial fueguina registró una baja interanual de entre el 50% y el 55%, situación que vinculó con la apertura de importaciones y con la retracción del consumo interno. A la vez, advirtió que el Municipio debe atravesar esta coyuntura con la totalidad de la obra pública nacional detenida y con demoras en el envío de fondos de coparticipación provincial, lo que complica la planificación de la gestión.

Frente a esa realidad, indicó que la administración local se vio obligada a reforzar en un 25% las partidas destinadas a asistencia social, salud, alimentos y transporte, con el objetivo de contener a las familias más afectadas por la crisis.

En su exposición, Perez además llevó la discusión al plano geopolítico y cuestionó las miradas que ponen en duda el régimen de promoción industrial fueguino. Señaló que descalificar la Ley 19.640 implica desconocer su papel histórico en la consolidación de la presencia argentina en un territorio estratégico.

Bajo esa misma lógica, expresó su inquietud por decisiones recientes que, a su entender, debilitan la posición nacional en la región, como la retirada de YPF de áreas del norte de la isla, la intervención del Puerto de Ushuaia y la falta de financiamiento para el Polo Logístico Antártico, al tiempo que avanza el proyecto británico Sea Lion en el Atlántico Sur.