La defensa del régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego volvió a ocupar el centro de la discusión pública, con énfasis en su rol estratégico más allá de los números fiscales. Desde el sector empresarial remarcan que se trata de una herramienta clave para sostener población y actividad en una región considerada sensible desde el punto de vista geopolítico.
En declaraciones radiales, se insistió en que el esquema vigente no puede analizarse únicamente desde su costo económico. Por el contrario, fue concebido hace más de cinco décadas como una política destinada a impulsar el desarrollo en el extremo sur del país, promoviendo el arraigo y consolidando la presencia nacional en un territorio estratégico.
En ese marco, también se cuestionaron los cálculos que plantean un alto impacto sobre las cuentas públicas. Según se explicó, no se trata de un subsidio directo sino de recursos que el Estado deja de percibir. Además, se advirtió que una eventual eliminación del régimen implicaría una fuerte caída de la actividad industrial, lo que reduciría aún más la recaudación.
Otro de los ejes de la discusión pasa por el perfil productivo de la provincia. Frente a las críticas sobre el nivel tecnológico, desde el sector sostienen que existe un desconocimiento sobre el funcionamiento actual de la industria global, donde el ensamblaje forma parte de cadenas productivas extendidas en distintos países.
En esa línea, se subrayó que el modelo fueguino no difiere de lo que ocurre en otros polos industriales de América Latina o Europa. Incluso, se planteó que la participación de marcas internacionales en la provincia es una señal de que existe valor agregado en los procesos locales.
Finalmente, se puso el foco en la selectividad de algunos cuestionamientos, al señalar que esquemas similares en otros países no reciben el mismo nivel de críticas. En ese contexto, se deslizó que detrás de ciertas observaciones podrían existir intereses vinculados a la creciente relevancia del Atlántico Sur en la agenda internacional.
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