La Fiscalía de Estado amplió una denuncia penal vinculada a la obra social provincial, esta vez por el presunto desvío de cerca de mil millones de pesos correspondientes a un fondo específico creado para atender enfermedades de alto requerimiento. A este escenario se suma otro dato crítico: la deuda del Gobierno provincial con la OSEF, que alcanzaría los 16 mil millones de pesos.

La presentación, impulsada por el fiscal Virgilio Martínez de Sucre, apunta a una transferencia de más de 937 millones de pesos que, según la investigación, habrían sido destinados a cubrir gastos corrientes en lugar de financiar tratamientos de alta complejidad, tal como establece la normativa vigente. El fondo en cuestión fue creado por la Ley 1596 con el objetivo de cubrir medicamentos, insumos y terapias de alto costo para patologías graves.

El informe que sustenta la denuncia señala múltiples irregularidades en la administración de estos recursos. Entre ellas, la falta de planificación, la inexistencia de un padrón de beneficiarios y la ausencia de controles técnicos previos. Además, se cuestiona el argumento de “emergencia” utilizado para justificar el movimiento de fondos, al considerar que responde a problemas de gestión y no a una situación imprevista.

En ese marco, el Fiscal también advirtió sobre maniobras que habrían buscado avanzar con estas decisiones sin los controles correspondientes. Incluso se menciona la existencia de presiones hacia áreas técnicas para ejecutar medidas consideradas irregulares. A esto se suma la falta de información brindada al organismo de control, lo que agrava el cuadro.

Uno de los puntos más delicados del expediente es el impacto que esta situación podría tener en pacientes con enfermedades graves, quienes dependen directamente de estos recursos para acceder a tratamientos. Desde la denuncia se sostiene que el uso de estos fondos para otros fines habría puesto en riesgo la continuidad de prestaciones esenciales.

Asimismo, el Fiscal advirtió “la conducta irresponsable de los funcionarios involucrados quienes ocultaron a este organismo de control numerosa información”, en especial la vinculada a la deuda del Estado con la obra social, lo que contribuye al desfinanciamiento del sistema.

La causa ahora avanza en el ámbito judicial bajo la hipótesis de una posible malversación de fondos públicos. Mientras tanto, el caso vuelve a poner el foco en la situación crítica que atraviesa la OSEF y en la necesidad de garantizar el uso adecuado de recursos destinados a la atención de los pacientes más vulnerables.