La reforma electoral volvió a meterse en el centro de la agenda política del oficialismo, aunque con un objetivo inmediato más acotado: definir cómo seguirá la estrategia legislativa para intentar frenar las PASO de 2027. En la Casa Rosada admiten que eliminar de forma definitiva las primarias no aparece hoy como un camino sencillo, por lo que ya analizan alternativas para insistir con su suspensión.

La discusión tendrá un momento clave en la reunión de la mesa política del oficialismo, donde se evaluará el escenario parlamentario y las chances reales de conseguir los votos necesarios en el Congreso. Allí se terminará de resolver si el Ejecutivo impulsa directamente la eliminación de las primarias o si avanza con un esquema similar al utilizado antes, basado en suspenderlas para la próxima elección presidencial.

En el entorno del presidente Javier Milei tienen claro que no quieren que las PASO se realicen el año próximo. El argumento público apunta al costo económico y a la cantidad de veces que la ciudadanía debe concurrir a votar, pero detrás de esa postura también aparece una lectura política: en el oficialismo consideran que las primarias benefician más a los espacios opositores, porque les permiten ordenar candidaturas y construir una propuesta común frente al Gobierno.

Sin embargo, el principal obstáculo sigue estando en el Congreso. La Libertad Avanza necesita alcanzar una mayoría absoluta para aprobar cualquier cambio en materia electoral, y por ahora ese número no estaría garantizado. Gobernadores y sectores aliados que serían decisivos para reunir apoyo ya dejaron trascender reparos tanto frente a una eliminación total como ante una nueva suspensión.

Mientras tanto, el oficialismo también estudia qué otros puntos podrían incluirse en el proyecto para darle mayor volumen a la iniciativa. Entre ellos aparecen cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos, la revisión de los aportes privados a las campañas y un endurecimiento de las condiciones para crear y sostener sellos partidarios a nivel nacional.

De esta manera, el Gobierno se mueve entre dos caminos posibles: insistir con la eliminación de las PASO o activar un plan alternativo para dejarlas sin efecto en 2027. La decisión final dependerá de la evaluación política que haga la Casa Rosada sobre la correlación de fuerzas en el Congreso y sobre qué estrategia le ofrece más posibilidades de éxito en una reforma que considera prioritaria.