El proyecto también redefine el monto de la pensión no contributiva, que quedaría fijado en el 70% del haber mínimo jubilatorio. Al mismo tiempo, elimina la posibilidad de sumar adicionales vinculados a invalidez laboral o residencia en zonas desfavorables. A eso se suma una de las modificaciones más cuestionadas: la incompatibilidad total entre la pensión y cualquier empleo formal, lo que impediría que una persona con discapacidad conserve el beneficio si accede a un trabajo registrado.
En paralelo, la iniciativa avanza sobre los mecanismos de inclusión laboral al quitar referencias a programas que promovían la contratación de personas con discapacidad y el reconocimiento a empresas que participaban en esas políticas. De aprobarse, el nuevo esquema endurecería todavía más la relación entre asistencia estatal y acceso al empleo, en un contexto donde distintos sectores ya vienen advirtiendo por el retroceso de derechos.
Otro de los cambios de fondo aparece en el sistema de prestaciones de salud. El texto elimina el nomenclador nacional como referencia homogénea para aranceles y habilita una negociación más desregulada entre obras sociales, prepagas y prestadores. Además, faculta la firma de convenios entre Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para administrar y distribuir fondos, lo que modifica la estructura actual de financiamiento y organización del sistema.
La presentación del proyecto ocurre mientras persisten cuestionamientos por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y en medio de un escenario político sensible, atravesado por denuncias y cambios en el área nacional. Para la oposición y distintos sectores vinculados a la discapacidad, la iniciativa implica un retroceso respecto de la normativa vigente, porque vuelve a un modelo más restrictivo, acota el universo de beneficiarios y refuerza controles que podrían dejar a muchas personas fuera del sistema.
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