La decisión del Gobierno nacional de habilitar un aumento en el recargo de las tarifas de gas reabre el debate en Tierra del Fuego, una de las provincias directamente alcanzadas por el régimen de Zona Fría. Mientras el beneficio continúa vigente, la medida genera interrogantes sobre cómo impactará en el bolsillo de los fueguinos y en el esquema de subsidios que hoy resulta clave para afrontar el alto costo energético.

A través del decreto 266/2026, el Ejecutivo autorizó al Ministerio de Economía a elevar el recargo sobre el precio del gas hasta un 11,25%, cuando el tope anterior era del 7,5%. Este adicional es el que financia el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales, sostén del esquema que permite descuentos de hasta el 50% en las facturas para millones de usuarios en zonas frías del país.

En Tierra del Fuego, donde las condiciones climáticas obligan a un consumo elevado durante gran parte del año, este régimen no es un beneficio menor: es una herramienta esencial para sostener la economía de los hogares. Sin ese subsidio, el costo del gas sería significativamente más alto, impactando de lleno en el gasto mensual de las familias.

Sin embargo, el cambio dispuesto por Nación introduce una tensión. Por un lado, garantiza la continuidad del fondo que fue prorrogado hasta 2031 y que el propio Gobierno decidió no eliminar, pero por otro abre la puerta a que el financiamiento del sistema recaiga en mayor medida sobre los usuarios de todo el país.

Según fuentes oficiales, el fondo es deficitario y el nivel actual del recargo no alcanza para cubrir la demanda. En ese contexto, la posibilidad de elevarlo busca equilibrar las cuentas del sistema. No obstante, desde el propio Gobierno reconocen que esta facultad podría traducirse en aumentos indirectos en las tarifas de gas para quienes no están alcanzados por el beneficio, e incluso generar un reacomodamiento general del esquema.

Para Tierra del Fuego, el escenario es ambiguo. Si bien los usuarios continúan dentro del régimen con descuentos, cualquier modificación en la estructura de subsidios o en la política energética nacional genera incertidumbre. Además, el cuestionamiento oficial al sistema al considerarlo “regresivo” por no segmentar según ingreso deja abierta la posibilidad de futuros cambios más profundos.

En una provincia donde el gas no es un servicio más, sino una necesidad básica para atravesar gran parte del año, cada decisión en materia energética tiene un impacto directo. Por ahora, el beneficio sigue vigente, pero la nueva medida marca un punto de inflexión y pone en discusión cómo se sostendrá en el tiempo el esquema que hoy resulta clave para miles de fueguinos.