La reiteración de amenazas de tiroteos en instituciones educativas de Río Grande mantiene en alerta a la comunidad y a las autoridades. En las últimas horas volvieron a detectarse pintadas intimidatorias en el Centro Politécnico de Educación Técnica Río Grande (CEPET), en un contexto donde ya se acumulan al menos 17 denuncias por situaciones similares.

El patrón se repite en todos los casos: mensajes anónimos escritos principalmente en baños escolares, sin responsables identificados hasta el momento. Aunque hasta ahora ninguna de estas advertencias se concretó, cada episodio activa protocolos de seguridad que implican despliegues policiales, controles y medidas preventivas dentro de los establecimientos.

Desde el ámbito judicial confirmaron que actualmente hay al menos nueve instituciones bajo vigilancia. En ocho de ellas, la medida fue dispuesta por el Juzgado de Familia de Río Grande, que ordenó consignas policiales fijas o recorridos periódicos según el nivel de riesgo evaluado. Entre los establecimientos alcanzados se encuentran el Colegio Integral de Educación (CIERG), el Colegio Luis Piedrabuena, el Polivalente de Arte, el propio CEPET, Haspen, Laureano Maradona, Ernesto Guevara y la Escuela N° 23.

El fenómeno no es aislado y se vincula a un posible “reto viral” que se replica en distintos puntos del país. Esta modalidad, basada en amenazas falsas difundidas entre jóvenes, genera un fuerte impacto en la vida escolar, alterando la rutina de estudiantes, docentes y familias, que atraviesan las jornadas con preocupación e incertidumbre.

Más allá de que las amenazas resultaron ser falsas alarmas, el costo es real. La movilización de recursos policiales, la intervención judicial y el clima de tensión dentro de las escuelas configuran un escenario que preocupa a toda la comunidad educativa.

En paralelo, se vienen desarrollando acciones preventivas. Especialistas en derecho y niñez realizaron charlas en distintos colegios para advertir sobre las consecuencias legales de este tipo de conductas. Allí se remarcó que, incluso cuando se presentan como “bromas”, las amenazas constituyen delitos y pueden derivar en causas judiciales.

Mientras la investigación avanza y se intenta identificar a los responsables, el sistema educativo continúa funcionando bajo medidas reforzadas de seguridad. La reiteración de estos episodios deja de ser un hecho aislado y se consolida como una problemática sostenida que pone en tensión a toda la ciudad.