Diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley que busca dar respuesta al creciente endeudamiento de los hogares en Argentina, con eje en la creación de un régimen de desendeudamiento y la declaración de la emergencia crediticia por el plazo de dos años.

La iniciativa propone la conformación de un fondo específico, financiado con aportes públicos y privados, destinado a la reestructuración de deudas de familias que se encuentran en situación de morosidad o riesgo financiero. El objetivo es ofrecer herramientas concretas para aliviar la carga económica que afecta a amplios sectores de la población.

Durante la presentación, los legisladores remarcaron que el problema del endeudamiento dejó de ser individual para convertirse en un fenómeno social extendido. En ese sentido, advirtieron que la mora en préstamos personales y tarjetas de crédito creció de manera significativa en los últimos años, reflejando el deterioro del poder adquisitivo.

La propuesta también busca poner en discusión el funcionamiento del sistema crediticio, especialmente en lo que respecta a tasas de interés elevadas y mecanismos de refinanciación que, según señalaron, terminan profundizando la situación de los deudores.

En el encuentro participaron especialistas y personas afectadas por el sobreendeudamiento, quienes expusieron el impacto directo en la vida cotidiana. “No es un problema individual, es un drama colectivo”, coincidieron, al tiempo que reclamaron mayor regulación y controles sobre el sector.

Uno de los testimonios más fuertes reflejó la realidad de muchas familias: “Es duro tener tres trabajos y aun así endeudarse para comer”, señalaron, graficando el nivel de vulnerabilidad que atraviesan distintos hogares.

Además, se planteó la necesidad de avanzar en una agenda legislativa que contemple medidas urgentes para frenar el crecimiento de la deuda y proteger a los consumidores, en un contexto económico que continúa mostrando signos de deterioro.

Según datos recientes, seis de cada diez hogares en el país tienen al menos una deuda no bancaria, con un volumen total que supera ampliamente los 39 billones de pesos. Este escenario refuerza la urgencia de debatir herramientas que permitan ordenar la situación financiera de las familias.

El proyecto ahora deberá avanzar en el ámbito legislativo, donde la oposición buscará instalar el tema en la agenda parlamentaria y generar consensos para su tratamiento.