El intendente de Río Grande, Martín Pérez, realizó un fuerte diagnóstico sobre la situación económica actual y advirtió que los municipios están sosteniendo el impacto de la crisis con menos recursos y mayor demanda social. En ese marco, cuestionó con dureza al Gobierno nacional y rechazó avanzar con una reforma constitucional en este contexto.

Durante una extensa rueda de prensa, el jefe comunal planteó que la caída de la coparticipación y el retiro de políticas públicas nacionales están generando un escenario complejo para las administraciones locales. “La coparticipación ha caído estrepitosamente y el Estado nacional decidió correrse absolutamente de todo”, sostuvo.

Pérez señaló que esta situación no es exclusiva de Río Grande, sino que se replica en todo el país. Tras participar de un encuentro de la Federación Argentina de Municipios junto a más de 200 intendentes, aseguró que existe un diagnóstico común entre distintas jurisdicciones: menos recursos y más responsabilidades.

En ese sentido, criticó la eliminación de programas nacionales, la paralización de la obra pública y la quita de subsidios, especialmente en el transporte. “Hay un cinismo de no hacer nada y después responsabilizar a los municipios”, afirmó.

Más demanda social y presión sobre el municipio

El intendente describió un escenario social cada vez más exigente en la ciudad, con aumento del desempleo, cierre de comercios y una mayor necesidad de asistencia por parte de los vecinos.

“El desempleo se nota. Es cuestión de caminar la ciudad y ver lo que está pasando”, expresó, al tiempo que remarcó que el Municipio está absorbiendo funciones que antes eran compartidas con Nación.

En este contexto, indicó que la gestión local continúa sosteniendo políticas sociales y obras con recursos limitados, lo que incrementa la presión sobre las finanzas municipales.

Coparticipación y tensiones con la Provincia

Otro de los puntos críticos planteados por el intendente es el atraso en la coparticipación provincial. Según detalló, la deuda con el municipio oscila entre los 11.000 y 12.000 millones de pesos.

“Son recursos que han llegado a la provincia pero que se transfieren con demora, y eso nos complica enormemente”, explicó. No obstante, aclaró que mantiene diálogo institucional con el Gobierno provincial para intentar encontrar soluciones.

Sin emergencia económica, pero con advertencias

A diferencia de otras ciudades, Pérez descartó por ahora declarar la emergencia económica en Río Grande. Argumentó que el municipio cuenta con un presupuesto aprobado que permite sostener cierto orden financiero.

Sin embargo, fue claro al remarcar que el contexto es crítico: “La situación de emergencia es real para todos”, advirtió.

Reforma constitucional: rechazo en este contexto

Uno de los ejes más contundentes de su intervención fue el rechazo a impulsar una reforma de la Constitución provincial en medio de la crisis.

“No es momento para que la política gaste una fortuna en elecciones”, sostuvo, y propuso postergar el debate al menos hasta 2028, cuando exista un escenario más estable.

En esa línea, alertó que avanzar ahora con una convocatoria electoral podría profundizar el malestar social. “Lo único que va a generar es más antipolítica”, afirmó.

Críticas al modelo nacional y advertencias a futuro

En el tramo final, el intendente cuestionó el rumbo económico nacional, especialmente en relación con la industria fueguina. Señaló que la apertura de importaciones y la falta de políticas de desarrollo impactan directamente en la provincia.

Además, expresó preocupación por posibles decisiones estratégicas que podrían afectar el posicionamiento de Tierra del Fuego. “El Gobierno nacional está decidido a hacer desaparecer a Tierra del Fuego del mapa”, lanzó.

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado. “Si no articulamos, va a ser muy difícil que la provincia tenga una perspectiva de desarrollo”, concluyó.