La decisión oficial de extender el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) a todo el territorio nacional abre un nuevo escenario para la industria argentina y, especialmente, para Tierra del Fuego, donde el esquema impositivo diferencial ha sido durante décadas el principal sostén del desarrollo productivo.

El Gobierno encabezado por Javier Milei oficializó la medida a través del Decreto 252/2026, que entrará en vigencia el próximo 17 de junio. A partir de esa fecha, empresas radicadas en el continente podrán acceder a beneficios hasta ahora exclusivos de la provincia más austral, como la importación de insumos sin aranceles y el diferimiento de impuestos.

Este cambio impacta directamente sobre el corazón del régimen promocional establecido por la Ley 19.640, que permitió compensar históricamente los altos costos logísticos, energéticos y climáticos de producir en la isla.

En ese contexto, el RAF fue una herramienta clave para sostener la competitividad industrial en Tierra del Fuego. Sin embargo, su extensión al resto del país elimina el diferencial fiscal que posicionaba a la provincia como un polo productivo estratégico.

Las primeras evaluaciones advierten sobre consecuencias inmediatas. Entre ellas, la pérdida de competitividad relativa frente a plantas ubicadas en el continente, el riesgo de desinversión y la posible relocalización de empresas hacia regiones con menores costos operativos. A esto se suma un potencial impacto en el empleo, en una provincia que supera los 200 mil habitantes y cuya matriz económica depende en gran medida de la industria.

En paralelo, movimientos del sector privado comienzan a reflejar este nuevo escenario. El Grupo Mirgor, vinculado al empresario Nicolás Caputo, ya avanza en estrategias de expansión fuera de Tierra del Fuego, con proyectos de nuevas plantas en el continente que consolidan una tendencia hacia la relocalización industrial.

Especialistas advierten que la medida podría derivar en un “efecto de igualación hacia abajo”, donde la provincia pierde el principal incentivo que justificaba su esquema productivo. Esto no solo tiene implicancias económicas, sino también geopolíticas.

El eje del debate vuelve a centrarse en el objetivo original de la Ley 19.640: promover el poblamiento y consolidar la soberanía en un territorio estratégico del extremo sur argentino. Con el nuevo marco normativo, crecen las dudas sobre la sostenibilidad del arraigo poblacional y el futuro del entramado industrial fueguino.