La publicación del Decreto 252/2026 por parte del Gobierno nacional abrió un escenario de incertidumbre y debate en torno al futuro del entramado productivo fueguino. La medida, que extiende el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) a todo el territorio argentino, fue interpretada inicialmente como un golpe directo al esquema de promoción industrial que durante décadas sostuvo la actividad en la provincia más austral.

El nuevo marco normativo, que entrará en vigencia el próximo 17 de junio, habilita a empresas radicadas en el continente a acceder a beneficios fiscales hasta ahora exclusivos de Tierra del Fuego, como la importación de insumos sin aranceles y el diferimiento impositivo. Este punto encendió las alarmas en distintos sectores, al considerar que se elimina el diferencial competitivo que justificaba la radicación industrial en la isla frente a los altos costos logísticos, energéticos y climáticos.

En ese contexto, especialistas comenzaron a advertir sobre posibles consecuencias estructurales. Entre ellas, la pérdida de competitividad relativa frente a plantas ubicadas en el continente, el riesgo de desinversión y la eventual relocalización de empresas hacia regiones con menores costos operativos. Todo esto podría impactar de lleno en el empleo, en una provincia cuya matriz económica depende en gran medida de la industria.

Al mismo tiempo, comenzaron a observarse señales concretas en el sector privado. Algunas empresas ya analizan expandir o trasladar parte de su producción fuera de Tierra del Fuego, en busca de mayor eficiencia y reducción de costos. Este tipo de movimientos refuerza la preocupación sobre un posible cambio de ciclo en el modelo productivo fueguino.

El eje de discusión también vuelve a poner sobre la mesa el objetivo original de la Ley 19.640: promover el poblamiento, el desarrollo económico y la soberanía en un territorio estratégico del extremo sur argentino. La eventual pérdida de incentivos diferenciales no solo tendría implicancias económicas, sino también geopolíticas, al poner en duda la sostenibilidad del arraigo poblacional.

Sin embargo, desde el Gobierno provincial salieron rápidamente a llevar tranquilidad. En diálogo con FM del Pueblo, la secretaria de Industria y Promoción Económica, Alejandra Man, aclaró que el decreto no afecta de manera directa a las empresas radicadas en la provincia.

“La medida está orientada a un régimen específico vinculado a la exportación de bienes fuera del país, no al mercado interno, que es donde opera la mayor parte de la industria fueguina”, explicó. En esa línea, remarcó que el régimen de promoción industrial vigente no fue modificado y continúa siendo el principal sostén del sector.

La funcionaria subrayó además que el RAF no es un esquema nuevo, sino un régimen ya existente que ahora se amplía y flexibiliza con el objetivo de fomentar la producción exportadora, particularmente en rubros como el automotriz. “No compite con los beneficios que tiene Tierra del Fuego ni los reemplaza”, enfatizó.

Man también reconoció que la difusión inicial del decreto generó preocupación y numerosas consultas en la comunidad. “Se han instalado versiones alarmistas que no reflejan el alcance real de la medida. Es importante llevar claridad para evitar angustia innecesaria”, sostuvo.

En paralelo, confirmó que el Ejecutivo provincial mantiene diálogo permanente con cámaras empresariales como AFARTE y otros actores del sector industrial, con el objetivo de analizar en profundidad el impacto de la normativa y monitorear la evolución del escenario.

No obstante, la secretaria admitió que el contexto económico actual representa un desafío mayor que el propio decreto. “Hoy el principal problema es la caída del consumo. Las empresas venden menos porque el poder adquisitivo de la población se ha reducido, y eso repercute directamente en los niveles de producción”, explicó.

En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia una agenda de mediano y largo plazo que permita diversificar la matriz productiva y explorar nuevas oportunidades de exportación desde la provincia. Sin embargo, advirtió que esto implica superar obstáculos vinculados a la logística, los costos y la competitividad internacional.