En el ámbito del Concejo Deliberante de Río Grande avanza un proyecto de ordenanza que propone un cambio clave en la forma en que se efectivizan las cuotas alimentarias. La iniciativa apunta a asegurar que estos pagos se realicen en tiempo y forma, estableciendo que deberán abonarse en la misma fecha en que se liquidan los haberes de las y los trabajadores municipales.

El proyecto, denominado “Cobro de Alimentos en tiempo de liquidación de haberes”, surge en un contexto donde, en muchos casos, los beneficiarios de estas prestaciones enfrentan demoras que impactan directamente en su calidad de vida. La propuesta busca eliminar ese margen de retraso, garantizando previsibilidad y cumplimiento efectivo de una obligación que tiene un fuerte carácter social.

De acuerdo al texto, la ordenanza establece que la prestación alimentaria deberá ser liquidada y abonada de manera simultánea con los salarios de los agentes municipales, evitando así cualquier dilación administrativa que pueda perjudicar a quienes dependen de esos ingresos para cubrir necesidades básicas.

El proyecto pone énfasis en la importancia del derecho alimentario, recordando que no se limita únicamente a la alimentación, sino que abarca todo lo necesario para la subsistencia de una persona. Esto incluye vivienda, vestimenta, atención médica y, en el caso de niños, niñas y adolescentes, también la educación. Este principio se encuentra establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, que regula las obligaciones alimentarias dentro del ámbito familiar.

Además, la iniciativa se apoya en tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica, que refuerzan la obligación del Estado y de los responsables legales de garantizar el acceso a condiciones dignas de vida, especialmente en el caso de los menores.

En los fundamentos del proyecto se destaca que el cumplimiento de las cuotas alimentarias tiene una profunda relevancia jurídica y social, ya que constituye una herramienta esencial para garantizar el bienestar integral de las personas. En ese sentido, se advierte que cualquier retraso en su pago puede generar consecuencias directas en la vida cotidiana de quienes dependen de esos recursos.

Otro de los puntos centrales de la propuesta es la definición de la autoridad de aplicación. Según se establece, será la dependencia municipal encargada de la liquidación y pago de haberes la responsable de implementar el sistema y de arbitrar los medios necesarios para asegurar que las transferencias se realicen en tiempo y forma.

Asimismo, el proyecto contempla una invitación a otras jurisdicciones municipales para que adhieran a la medida y repliquen este mecanismo, con el objetivo de extender este criterio de cumplimiento a distintos ámbitos del sector público.

La iniciativa busca, en definitiva, ordenar y fortalecer el sistema de pago de cuotas alimentarias, otorgando mayor transparencia y previsibilidad. De aprobarse, representaría un avance en la protección de derechos básicos, especialmente en aquellos casos donde los beneficiarios son menores de edad.

El proyecto será analizado por los concejales en comisión y posteriormente llevado al recinto para su tratamiento, en un debate que pondrá en agenda la necesidad de garantizar el acceso efectivo a derechos fundamentales vinculados a la subsistencia y el desarrollo de las personas.