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Río Grande

Amenazas de tiroteo: Educación fija criterios y abre manejo de la información

El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego emitió un documento interno que establece cómo deben actuar las instituciones educativas ante amenazas de tiroteo en colegios de la provincia. Se trata de la Nota Múltiple Nº 231/2026, una circular dirigida a establecimientos secundarios que fija lineamientos de intervención ante este tipo de situaciones.

Entre los principales puntos, la directiva ordena considerar toda amenaza como verosímil, sin realizar un análisis previo de credibilidad, y activar de manera inmediata los mecanismos institucionales y externos correspondientes. Es decir, cada advertencia debe ser tratada como un riesgo potencial real.

Sin embargo, el mismo documento introduce un criterio que genera controversia: no suspender automáticamente las clases, salvo que así lo dispongan autoridades competentes. La indicación plantea un contraste directo con la premisa de tomar cada amenaza como cierta, ya que implica sostener la actividad escolar incluso ante escenarios considerados de riesgo.

Otro de los aspectos más sensibles es la instrucción de evitar la intervención de los medios de comunicación. La disposición sugiere una estrategia orientada a limitar la difusión pública de estos episodios, pese a que involucran la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

En paralelo, la circular también establece pautas para el abordaje interno de los casos. En ese sentido, indica evitar interrogatorios colectivos, la estigmatización y la circulación de versiones no confirmadas, con el objetivo de resguardar derechos y prevenir situaciones de exposición indebida dentro de la comunidad educativa.

No obstante, estas restricciones abren interrogantes sobre cómo se obtendrá información de manera rápida y efectiva ante una amenaza, especialmente en entornos donde la colaboración de alumnos y docentes puede resultar clave para esclarecer lo ocurrido.

El documento fue emitido como un “lineamiento jurisdiccional” y, según se indicó, servirá de base para la elaboración de un protocolo provincial específico que regule la actuación ante este tipo de hechos en el ámbito escolar.

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