La Legislatura de Tierra del Fuego comenzó a analizar dos iniciativas que apuntan a asegurar el envío automático de fondos coparticipables, en un intento por dar mayor previsibilidad financiera. Sin embargo, aunque comparten ese objetivo, los proyectos difieren en su alcance y en los mecanismos propuestos.

Uno de ellos, impulsado por el bloque Provincia Grande, está centrado exclusivamente en los municipios y propone establecer plazos concretos para la transferencia de recursos. Según el esquema planteado, los fondos provenientes de la coparticipación federal deberían enviarse dentro de las 24 horas, los tributos provinciales en un plazo de 48 horas y las regalías el lunes siguiente a su percepción.

La iniciativa también contempla sanciones en caso de incumplimiento, como la aplicación de intereses por mora y la posibilidad de que los municipios reclamen judicialmente mediante un proceso ejecutivo. Además, prevé herramientas como adelantos financieros ante desequilibrios temporales y convenios con la Agencia de Recaudación Fueguina para mejorar la transparencia en la distribución de recursos.

En paralelo, el proyecto presentado por el bloque del PJ propone un esquema más amplio que no solo alcanza a los municipios, sino también al Poder Judicial, la Legislatura, la Caja de Previsión y la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).

En este caso, el eje es la implementación de un sistema de “goteo diario”, mediante el cual el Banco de Tierra del Fuego transferiría automáticamente los fondos en función de la recaudación provincial. La propuesta incluye, además, la publicación diaria de la información sobre ingresos, ajustes mensuales, retenciones automáticas y la creación de una comisión integrada por intendentes y autoridades provinciales para supervisar el sistema.

Ambas iniciativas retoman un debate que se repite en la provincia: la necesidad de establecer reglas claras para la distribución de recursos, en línea con lo establecido por la Constitución provincial, y garantizar mayor previsibilidad a los municipios. No obstante, también vuelven a poner sobre la mesa las tensiones que este tipo de medidas puede generar en la administración de las finanzas provinciales.