Organizaciones ambientalistas de Tierra del Fuego impulsan acciones judiciales ante la posible instalación de salmoneras en la provincia. Así lo confirmó la presidenta de la Asociación Manekenk, Nancy Fernández, quien adelantó la presentación de un amparo colectivo en las próximas semanas.

En ese sentido, explicó: “Estamos trabajando en un amparo colectivo. Llevan su tiempo porque hay que juntar determinadas pruebas y consensos. Calculo que a mediados del mes que viene la estaremos presentando”, marcando los plazos de una iniciativa que busca frenar o al menos regular este tipo de desarrollos.

Fernández, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, también se refirió al contexto internacional de la industria, tras haber visitado recientemente granjas en Noruega. Según indicó, “los estándares europeos y el nivel de educación empieza a pedir más y más controles. Entonces las industrias salmoneras noruegas tienen que salir a buscar otros mundos. Ya contaminaron todo lo posible que podían haber contaminado. No les queda más lugar donde expandirse”.

En relación con la visita de la Embajada de Noruega a la provincia, sostuvo: “No me sorprende. Esto no es de ayer. Estas conversaciones ellos las vienen teniendo hace rato y evidentemente una de las cosas que han venido a tantear es el efecto social. Evidentemente la embajada viene buscando ver posibilidades de negocio”.

La referente ambiental diferenció posibles escenarios de desarrollo de la actividad. Por un lado, señaló que sistemas más controlados podrían tener menor impacto: “yo creo que eso no generaría resistencia”, en referencia a emprendimientos con tecnologías más amigables. Sin embargo, advirtió que existe preocupación por experiencias actuales: “lo que hoy está generando Newsan en Almanza, que afectan la estética del paisaje”.

En cuanto a la reacción social, consideró que podría intensificarse ante proyectos en determinados entornos: “yo creo que la resistencia más fuerte se daría si se introducen las granjas en lagos y en la costa atlántica”, áreas que además presentan desafíos ambientales particulares.

Finalmente, explicó el objetivo del amparo colectivo, tomando antecedentes judiciales similares: “que la justicia se conforme como veedor, que ejerza la tutela sobre ese bien ambiental y que vigile de alguna forma cómo las partes se comportan para que esa actividad no sea perjudicada para el ambiente”.

La iniciativa se da en un contexto de creciente debate sobre el desarrollo productivo en la provincia y el equilibrio con la protección de sus ecosistemas.