La Legislatura provincial avanzó este jueves con un nuevo esquema de distribución de recursos que podría modificar el flujo financiero hacia los municipios y organismos del Estado. La propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Economía y quedó habilitada para su tratamiento en la sesión prevista para el próximo 30 de abril.

La iniciativa impulsa la implementación de un sistema de transferencias automáticas y diarias de fondos, en base a la recaudación efectiva. El mecanismo contempla el envío directo de recursos coparticipables a las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin mediante el Banco de Tierra del Fuego. Dentro de esos fondos se incluyen impuestos nacionales coparticipables, regalías hidrocarburíferas y tributos provinciales, respetando los porcentajes de distribución vigentes.

El alcance del proyecto no se limita a los municipios. También prevé un esquema similar para el Poder Judicial, la Legislatura y la Fiscalía de Estado, asegurando la remisión diaria de fondos hasta completar, mes a mes, la doceava parte de sus presupuestos asignados.

Uno de los puntos clave es la incorporación de un sistema de retenciones automáticas que quedaría bajo responsabilidad del banco provincial. Este mecanismo apunta a garantizar el cumplimiento de aportes y contribuciones hacia la Caja de Previsión Social, los sistemas previsionales del personal policial y penitenciario, y la Obra Social del Estado Fueguino. En caso de incumplimientos, se establece que los montos adeudados deberán ser retenidos y transferidos directamente en un plazo máximo de 24 horas.

A su vez, el Ministerio de Economía deberá realizar ajustes mensuales dentro de los 30 días posteriores al cierre de cada período para compensar posibles diferencias en las transferencias. En paralelo, se fija un esquema de intereses por mora para los casos de retrasos, calculados en base a una tasa superior a la de los plazos fijos del banco provincial.

El proyecto también introduce sanciones para funcionarios responsables de eventuales incumplimientos, con multas personales y diarias. Además, habilita a los municipios a iniciar reclamos judiciales mediante juicio ejecutivo, respaldados por certificaciones contables.

Como complemento, se propone la creación de una Comisión de Participación Municipal integrada por intendentes y autoridades del área económica, que tendrá la tarea de supervisar la implementación del sistema y proponer mejoras.

De aprobarse en el recinto, la normativa entraría en vigencia en un plazo máximo de 30 días, período durante el cual el Ejecutivo deberá regularizar el envío de fondos bajo el esquema actual.