Los vecinos señalaron que la zona creció de manera acelerada y, en muchos casos, como respuesta a la falta de alquileres que se registraba desde 2006. “Fue un crecimiento forzado, resuelto por los propios vecinos”, remarcaron, al recordar que esos barrios se consolidaron con años de organización y lucha comunitaria.
Uno de los puntos centrales del reclamo apunta a las promesas incumplidas vinculadas a las conexiones de gas. Según indicaron, mantuvieron reuniones con funcionarios provinciales, entre ellos el Ministerio de Economía y la ministra Gabriela Castillo, donde se les había asegurado que para octubre de 2024 las redes estarían conectadas y el suministro garantizado.
Sin embargo, afirmaron que gran parte de esas obras nunca se terminó. Según detallaron, había financiamiento nacional y provincial para conexiones intradomiciliarias y para el programa “Llegó el Gas”, pero hoy un 80% de los vecinos que debían ser alcanzados continúa sin acceso al servicio. “Por cuadra conectaron a una persona y las demás quedaron con los caños puestos, las obras a medias y sin entrega de artefactos”, cuestionaron.
También advirtieron que en algunos domicilios ni siquiera se iniciaron los trabajos, aunque previamente se tomó información de las viviendas, fotografías internas y datos sobre dónde serían colocados los artefactos. En ese marco, expresaron preocupación porque muchas familias figurarían como beneficiarias pese a no contar efectivamente con el gas conectado.
El malestar se profundizó con la aplicación de nuevas resoluciones que impactan sobre el subsidio al gas envasado. Los vecinos señalaron que a través de la Resolución 205 se proyecta un aumento de hasta el 275% hacia fin de año, mientras que la Resolución 209 implicaría la quita o reducción de beneficios de la tarjeta destinada a la compra de gas.
A modo de ejemplo, explicaron que hacia fin de año el kilo de gas podría llegar a los 300 pesos y que un tubo pasaría a costar alrededor de 13.500 pesos. “Vamos a tener que decidir entre comer el pan dulce o pagar el gas”, graficaron, al advertir el impacto que esto tendría en la economía de las familias que aún no cuentan con red domiciliaria.
Los vecinos también reclamaron explicaciones sobre los criterios utilizados para aplicar los recortes. Indicaron que hace dos años no se realiza un reempadronamiento y solicitaron acceder al padrón de beneficiarios, además de conocer cómo se calcularon los nuevos valores y sobre qué estudio se tomó la decisión.
En ese sentido, informaron que el 17 de abril presentaron una nota dirigida al gobernador, con copia a la ministra de Energía, Gabriela Castillo; al ministro de Economía, Alejandro Barroso; y al ministro de Obras Públicas, Martín Moreira. Allí pidieron información pública colectiva sobre la ejecución de la Ley 1312, la cantidad de conexiones realizadas y el estado real de las obras pendientes.
Otro de los cuestionamientos apuntó al bajo nivel de avance de los trabajos comprometidos. Según señalaron, en 2021 se habían prometido 3.300 conexiones que debían estar finalizadas en un plazo de 365 días, pero actualmente solo se habrían concretado 470, lo que representa menos del 14% de la obra prevista.
“Prometieron 3.300 conexiones y el dinero estaba, porque venía de la Ley de Bonos. No se terminaron las obras y ahora la gente va a pagar dos veces lo que no se hizo”, denunciaron.
Además, advirtieron que en algunos sectores ya se aplicaron recortes en la entrega de gas. Recordaron que, tras una exposición pública anterior, se les redujeron 50 kilos bajo el argumento de falta de fondos, y ahora aseguran que en el barrio El Mirador podrían quitarles 200 kilos sobre un total de 400. “Es muchísimo”, remarcaron.
Por otra parte, los vecinos impulsan una propuesta vinculada al consumo eléctrico. Debido a que muchas familias deben calefaccionarse o cocinar con electricidad por no contar con gas, presentaron en el Concejo Deliberante un proyecto para crear un programa municipal de medición eléctrica inteligente.
La iniciativa busca que los hogares puedan controlar en tiempo real su consumo y evitar facturaciones estimadas o excesivas. “La gente, al no tener gas, usa electricidad y las boletas son altísimas cuando se supera determinado consumo. Queremos que el vecino tenga control sobre lo que gasta”, explicaron.
Finalmente, pidieron que el Concejo Deliberante avance en la regulación e implementación de medidores inteligentes, con acceso a través de una aplicación, al considerar que Río Grande cuenta con capacidad tecnológica para avanzar en una herramienta que permitiría mayor transparencia y control para los usuarios.
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