La situación de los policías territoriales jubilados volvió a quedar expuesta en la Legislatura provincial, luego de una reunión de la Comisión N.º 6 en la que participaron representantes de los afectados, autoridades de la Caja de Previsión Policial y funcionarios del Ejecutivo. El encuentro dejó un diagnóstico alarmante: la deuda asciende a $6.600 millones y no existe, por ahora, una fecha concreta para cancelar los pagos pendientes.

La legisladora Natalia Gracianía explicó que fue necesario convocar tres veces a las partes para lograr la presencia de los responsables de la Caja Policial y del Ministerio de Jefatura de Gabinete. Según señaló, en las dos reuniones anteriores no habían asistido, lo que demoró la posibilidad de obtener información oficial sobre el conflicto.

El dato central que se conoció durante el encuentro fue el monto actualizado de la deuda. De acuerdo con lo informado por los directivos de la Caja, son $6.600 millones acumulados por 11 meses sin abonar los haberes de retiro a 540 policías territoriales.

Gracianía apuntó contra la resolución interna 148/25, que definió quiénes seguirían cobrando y quiénes quedarían fuera del cronograma de pagos. La calificó como una decisión arbitraria, porque dejó sin una parte sustancial de sus ingresos a adultos mayores que prestaron servicio durante la etapa territorial de Tierra del Fuego.

La legisladora recordó que, hasta junio del año pasado, el pago se realizaba con normalidad y formaba parte de un derecho reconocido por ley. Sin embargo, ante la falta de fondos, la Caja resolvió recortar de manera unilateral y excluir del pago a los policías territoriales.

También explicó que el haber jubilatorio de estos retirados se compone de una parte abonada por la caja federal y otra correspondiente a la caja provincial, vinculada al adicional por zona fría. Por eso, advirtió que la quita significó para muchos una reducción repentina del 20, 30 o hasta 40% de sus ingresos.

Uno de los puntos más fuertes de la reunión fue la descripción del estado financiero del organismo. Según Gracianía, el propio jefe de Gabinete reconoció que “la caja policial está quebrada”. Además, sostuvo que no se presentó ninguna alternativa concreta de financiamiento para afrontar la deuda acumulada.

La preocupación se profundiza porque tampoco habría ingresos externos que permitan ordenar la situación. La legisladora cuestionó que la Caja cuente con propiedades que actualmente solo generan gastos y no aportan recursos para mejorar el funcionamiento del sistema.

Mientras tanto, los afectados atraviesan una situación económica y personal cada vez más grave. Gracianía afirmó que muchas familias quedaron endeudadas, con problemas de salud y sin respuestas. Incluso mencionó que dos policías territoriales fallecieron sin haber podido cobrar lo que les correspondía.

Desde el Ejecutivo se planteó como posible salida la presentación, en un plazo de 10 días, de un proyecto destinado a mejorar la sostenibilidad de la Caja Policial. También se analiza un paliativo por cinco o seis meses, aunque la legisladora aclaró que no hubo compromiso para cancelar la deuda existente.

Otro dato que encendió alertas es que la Caja actualmente puede pagar a los jubilados provinciales porque el Gobierno adelanta aportes mensualmente. Según Gracianía, si ese mecanismo no existiera, el organismo tampoco estaría en condiciones de cumplir con esos haberes.

Durante la reunión, los policías territoriales jubilados manifestaron angustia, enojo y desesperación. Algunos incluso pidieron avanzar con denuncias penales, juicio político o una intervención. Sin embargo, la legisladora consideró que, aunque entiende el reclamo, esas alternativas no garantizan una solución inmediata ni la certeza de cobro.

El encuentro permitió que los afectados fueran escuchados, pero no dejó respuestas concretas. Para Gracianía, la situación sigue siendo crítica porque no hay previsibilidad, la deuda crece mes a mes y la sostenibilidad de la Caja Policial continúa en riesgo.