En Argentina, el acceso al gas natural por red sigue siendo una deuda pendiente para una parte importante de la población. Se estima que alrededor de 20 millones de personas dependen del gas licuado de petróleo, principalmente garrafas, para cocinar o calefaccionarse.

Ese número representa aproximadamente el 43% de los habitantes del país, es decir, casi 4 de cada 10 argentinos no cuentan con gas natural domiciliario o viven en zonas donde la red todavía no llega.

La falta de conexión afecta con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos y a familias radicadas en áreas alejadas de los principales centros urbanos. También se registra en barrios periféricos de grandes ciudades, donde el crecimiento poblacional muchas veces avanza más rápido que la infraestructura básica.

La situación es especialmente visible en provincias del Noreste Argentino, una región históricamente postergada en materia de acceso al gas por redes. Allí, miles de hogares continúan dependiendo de la garrafa como única alternativa para cubrir necesidades esenciales.

En este contexto, el Gobierno impulsa una actualización de los reglamentos técnicos y de seguridad del gas licuado de petróleo, una normativa que no tenía una revisión integral desde 2015. La medida apunta a ordenar un mercado del que dependen millones de usuarios que no tienen acceso al gas natural.

La intención oficial es incorporar estándares internacionales, facilitar la habilitación de nuevos puntos de venta y promover una mayor competencia entre distribuidores, en un escenario donde los precios quedaron liberados.

Más allá del cambio normativo, el dato central expone una desigualdad estructural: mientras una parte del país accede al gas natural por red, millones de argentinos todavía deben recurrir a la garrafa para cocinar, calefaccionarse y sostener su vida cotidiana.