La política energética nacional atraviesa una etapa de fuerte reordenamiento, marcada por la reducción del gasto público y el avance hacia un esquema con menos usuarios subsidiados. Según datos oficiales difundidos por La Nación, desde el inicio de la gestión de Javier Milei hay 2,1 millones de hogares menos con asistencia en la tarifa eléctrica y casi 900.000 menos en el servicio de gas natural por redes.

El cambio implica que una parte cada vez mayor de los usuarios ya afronta el costo completo de sus boletas. En electricidad, los hogares subsidiados pasaron de 10,8 millones en diciembre de 2023 a poco más de 8,7 millones en la actualidad. En el caso del gas, el universo de beneficiarios bajó de 5,6 millones a 4,7 millones.

Uno de los ejes del ajuste fue la depuración de los registros. La Secretaría de Energía detectó y eliminó beneficios en 15.518 hogares ubicados en barrios cerrados y countries. También se dieron de baja alrededor de 370.000 registros vinculados a personas fallecidas y se retiró la asistencia a comercios e industrias que no correspondían dentro del esquema residencial.

A ese proceso se sumó otro dato clave: 1,59 millones de hogares que podían solicitar la ayuda no completaron el trámite correspondiente. Por ese motivo, quedaron incorporados automáticamente al grupo de usuarios que paga tarifa plena, sin subsidio estatal.

El Gobierno sostiene que la medida permitió un ahorro importante en las cuentas públicas. En los últimos dos años y medio, el recorte acumulado en subsidios energéticos supera los 5.600 millones de dólares. Además, el peso de estas erogaciones sobre el Producto Bruto Interno cayó del 1,4% a cerca del 0,6%, con la meta oficial de llevarlo al 0,5% en 2026.

La nueva etapa se consolidó con el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, que reemplazó la segmentación anterior de tres niveles. Ahora el sistema funciona con una lógica más directa: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, definidos mediante cruces de datos sobre ingresos, patrimonio y niveles de consumo.

El impacto en los bolsillos fue acompañado por una mejora en el nivel de pago de las facturas. Según los datos oficiales, la cobrabilidad pasó del 48% al inicio de la gestión a cerca del 97%, con una morosidad aproximada del 3%. Este dato aparece en un contexto donde las tarifas tuvieron una fuerte incidencia en el costo de vida y subieron casi 20% en el primer trimestre del año.

Desde el Ejecutivo defienden el cambio bajo el argumento de que busca terminar con subsidios generalizados que también alcanzaban a hogares de alto poder adquisitivo. Sin embargo, especialistas advierten que el nuevo peso de los servicios fijos reduce el margen de consumo de muchas familias y puede convertirse en un foco de tensión social si los ingresos no acompañan la suba de las boletas.