La medida judicial frenó momentáneamente el plan oficial que buscaba reemplazar el esquema de asistencia por un sistema de vouchers orientados a capacitación laboral y acceso al empleo registrado.

El fallo fue firmado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ordenó al Ministerio de Capital Humano mantener las transferencias económicas hasta que exista una sentencia definitiva sobre el futuro del programa.

De esta manera, la cartera encabezada por Sandra Pettovello deberá continuar abonando el beneficio bajo las condiciones vigentes hasta antes de la reforma impulsada por el Gobierno nacional.

Según se informó, el pago correspondiente al mes de mayo comenzó a acreditarse antes del quinto día hábil del mes y la fecha fijada para el depósito fue el martes 5 de mayo. A diferencia de otras prestaciones sociales administradas por ANSES, el programa Volver al Trabajo mantiene un calendario de pago anticipado y no depende de la terminación del DNI.

El monto de la prestación continúa sin modificaciones. Los titulares perciben una suma fija y no remunerativa de 78 mil pesos mensuales, cifra que se mantiene igual a la de meses anteriores ya que no hubo anuncios de aumentos ni actualizaciones para mayo.

Desde el Gobierno nacional habían argumentado que el nuevo sistema de vouchers permitiría agilizar la capacitación laboral y facilitar la inserción en empleos formales. Sin embargo, la resolución judicial dejó suspendida esa transición y obligó a continuar con el esquema tradicional.

El programa Volver al Trabajo funciona actualmente como continuidad del antiguo Potenciar Trabajo y está dirigido a personas que integran sectores vulnerables y reciben asistencia económica mensual.

Para verificar si el pago fue acreditado, los beneficiarios pueden ingresar a las aplicaciones Mi ANSES o Mi Argentina utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Luego deben acceder a la sección “Mis cobros”, donde figura la prestación activa y la fecha de acreditación correspondiente.

La continuidad definitiva del programa dependerá ahora del avance de la causa judicial. Mientras tanto, la medida cautelar mantiene vigente el sistema actual y garantiza la transferencia directa de fondos a más de 900 mil personas en todo el país.