La presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat, Laura Montes, reconoció que existen situaciones de hacinamiento en viviendas entregadas años atrás por el organismo provincial. El problema se observa principalmente en unidades adjudicadas hace varias décadas, donde con el paso del tiempo comenzaron a convivir hijos, parejas y nietos de los adjudicatarios originales.

Montes explicó, en diálogo con Radio Fueguina, que muchas de estas viviendas fueron otorgadas hace 30 años a matrimonios o familias pequeñas, pero la composición de esos hogares cambió con los años. En algunos casos, los hijos formaron sus propias familias y continuaron viviendo en la misma unidad, generando una sobreocupación que hoy complica la convivencia y evidencia la falta de nuevas alternativas habitacionales.

La funcionaria señaló que esta situación aparece con mayor frecuencia en departamentos antiguos de tres y cuatro dormitorios, ya que en ese momento el IPV entregaba unidades más grandes que las actuales. Según indicó, hoy predominan viviendas de dos dormitorios, mientras que la demanda habitacional creció y se volvió más compleja.

La presidenta del IPV también relacionó estas problemáticas con distintos períodos de crisis económica, como los años 90 y la crisis de 2001, cuando el organismo tuvo etapas de paralización. En ese marco, sostuvo que la falta de continuidad en la construcción de viviendas y las dificultades económicas de las familias terminaron profundizando estas situaciones.

Frente a este escenario, Montes afirmó que el objetivo central del organismo es avanzar con la finalización de unas 500 viviendas que actualmente se encuentran en ejecución. Según precisó, las obras se desarrollan en distintos sectores de Río Grande y la intención es poder entregarlas entre fin de año y el año próximo, aunque reconoció que el ritmo es “lento pero seguro”.

Además, la funcionaria se refirió al proyecto de alquiler social que impulsa el IPV a partir de modificaciones normativas vinculadas a la Ley 19. La herramienta busca destinar viviendas del Estado a familias en situación de extrema vulnerabilidad, mediante convenios de ocupación y un canon de uso no amortizable, sin transferencia de dominio.

Montes aclaró que también existen convenios de uso para casos de regularización, por ejemplo cuando una familia arrastra una deuda histórica y se busca evitar un desalojo. De acuerdo con los datos brindados, de unas 4.000 viviendas en cartera, menos de 500 se encuentran bajo estas modalidades especiales.

Por último, advirtió que el contexto económico actual podría derivar en un aumento de pedidos de asistencia, revisión de cuotas y soluciones habitacionales. En ese marco, el hacinamiento en viviendas ya adjudicadas aparece como una de las señales más visibles de una demanda que crece más rápido que las respuestas disponibles.