La causa judicial iniciada por unos 7.000 fueguinos contra empresas automotrices ingresó en una instancia clave y quedó cerca de una definición en primera instancia. El abogado Francisco Rauch confirmó que el expediente ya se encuentra en etapa de alegatos y en condiciones de recibir sentencia por parte de la jueza federal Mariel Borruto.

En diálogo con el programa Buscando el Equilibrio, por Radio Provincia, Rauch aclaró que este proceso no debe confundirse con la antigua multa millonaria que había aplicado Defensa de la Competencia. Según explicó, aquella sanción de 108 millones de dólares quedó sin efecto luego de una resolución judicial favorable a las automotrices, por lo que las empresas finalmente no pagaron ese monto.

El letrado señaló que el juicio actual es distinto y se tramita bajo la Ley de Defensa del Consumidor. La demanda fue iniciada en 2015 y busca determinar si las automotrices cobraron de más por vehículos vendidos en Tierra del Fuego, pese a que la provincia cuenta con beneficios fiscales derivados del régimen de la Ley 19.640.

Rauch sostuvo que el planteo central es que los autos vendidos en la provincia tenían precios iguales o incluso superiores a los del resto del país, cuando la carga impositiva federal debía generar una diferencia a favor de los consumidores fueguinos. Según indicó, en algunos períodos el diferencial fiscal pudo ubicarse como mínimo en torno al 30% y, en determinados casos, llegar hasta el 120%.

Para el abogado, las empresas habrían absorbido esos beneficios fiscales sin trasladarlos al precio final de los vehículos. En ese sentido, afirmó que el reclamo apunta a que los compradores de Tierra del Fuego pagaron más de lo que correspondía y que las automotrices se quedaron con ventajas que debían beneficiar a los consumidores.

La causa ya completó la etapa de prueba y ahora las partes deben presentar sus alegatos, es decir, el análisis final sobre lo que consideran acreditado en el expediente. Rauch detalló que el escrito elaborado en representación de los demandantes fueguinos tiene alrededor de 168 páginas y reúne un desarrollo técnico y jurídico de gran complejidad.

El abogado consideró que la resolución que deberá dictar la jueza Borruto puede convertirse en una sentencia histórica, porque definirá si efectivamente las automotrices se apropiaron de beneficios fiscales que no estaban destinados a ellas. También destacó que la magistrada cuenta con conocimiento específico sobre la Ley 19.640, lo que considera relevante por la naturaleza del caso.

De todos modos, Rauch advirtió que cualquiera sea el resultado, es probable que el conflicto judicial continúe. Según estimó, la sentencia podría ser apelada ante la Cámara Federal y eventualmente llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, especialmente si las empresas no obtienen una resolución favorable.

Respecto del reclamo económico, explicó que la causa está dividida en dos etapas. La primera busca determinar si existió o no una conducta irregular por parte de las automotrices. En caso de que esa decisión quede firme, se abrirá una segunda instancia para establecer cuánto debería devolverse a cada comprador, de acuerdo al vehículo adquirido, la fecha de compra y el monto pagado.

Rauch indicó que en esa etapa podrían reclamarse diferencias actualizadas, daños y perjuicios, daño moral y eventuales multas. Si bien evitó precisar una cifra global, reconoció que los montos podrían ser muy elevados debido al tiempo transcurrido desde el inicio del caso.

Finalmente, el abogado sostuvo que el problema no pertenece únicamente al pasado y aseguró que, según la postura de los demandantes, los autos en Tierra del Fuego continúan costando lo mismo o más que en el resto del país. Además, remarcó que en la provincia el vehículo cumple un rol esencial por las limitaciones del transporte público, lo que vuelve aún más importante el acceso a precios justos para los consumidores.