Un informe presentado en las últimas horas volvió a poner bajo análisis el alcance real de las falsas denuncias en Tierra del Fuego. Según el relevamiento al que accedió este medio, en la provincia se registraron apenas nueve casos en un período de dos años, una cifra que marca una incidencia mínima dentro del sistema penal fueguino.

El dato cobra relevancia en medio del debate por posibles cambios en la legislación penal vinculada a este tipo de delitos. Sin embargo, el número registrado en Tierra del Fuego muestra que no se trata de un fenómeno extendido ni de una problemática de escala dentro de la provincia.

De acuerdo con el documento, más de la mitad de esos nueve expedientes estuvieron relacionados con situaciones de violencia de género o conflictos intrafamiliares. Aun así, el informe advierte que el volumen absoluto de casos es muy bajo y no permite hablar de una proliferación de falsas denuncias en el territorio fueguino.

El Observatorio de Violencia de Género sostiene que, en Tierra del Fuego, el eje de preocupación no debería centrarse en una supuesta multiplicación de denuncias falsas, sino en las dificultades que muchas víctimas todavía enfrentan para acceder al sistema judicial y realizar una denuncia.

En ese sentido, el informe plantea que endurecer penas o instalar la idea de que existe una ola de falsas denuncias podría generar un efecto contrario al buscado, especialmente en casos de violencia de género. La advertencia apunta a que muchas personas podrían sentirse intimidadas o desistir de denunciar por miedo a ser cuestionadas.

Con apenas nueve casos en dos años, Tierra del Fuego aparece dentro del relevamiento con una incidencia muy reducida. Para el informe, ese dato refuerza la conclusión de que las falsas denuncias son situaciones excepcionales y no una tendencia significativa dentro de la provincia.

La lectura final del documento es clara: en el caso fueguino, no hay evidencia que permita sostener que las falsas denuncias representen un problema generalizado. Por el contrario, el debate debería estar enfocado en garantizar el acceso a la justicia y evitar que nuevas barreras desalienten a quienes atraviesan situaciones de violencia.