De acuerdo al relevamiento, el volumen extraído representa más de un tercio de toda la pesca nacional y generaría un circuito económico cercano a los 1.000 millones de dólares anuales, además de aportar alrededor del 65% de los ingresos totales de las islas. El estudio sostiene también que Londres recaudaría cerca de 39 millones de libras esterlinas por año mediante la entrega de licencias pesqueras a flotas extranjeras.

La investigación fue encabezada por Raúl Cereseto, quien realizó un relevamiento en las islas durante abril y analizó registros oficiales, monitoreo satelital y datos privados. Según el informe, el modelo británico se basa en licencias de largo plazo otorgadas a embarcaciones extranjeras que explotan especies migratorias vinculadas al ecosistema del Atlántico Sur.

El documento señala que durante 2024 se habrían capturado 261.903 toneladas en aguas bajo control británico, con fuerte protagonismo del calamar Illex, cuya extracción alcanzó 146.689 toneladas, uno de los niveles más altos de la última década.

Uno de los puntos más cuestionados es el esquema de descarga y exportación. Según FULASP, solo el 20% de las capturas se descarga en Malvinas, mientras que el resto es transferido directamente en alta mar o enviado al puerto de Montevideo. Desde la entidad sostienen que esto demuestra la ausencia de un verdadero desarrollo industrial local y un sistema centrado exclusivamente en la extracción de recursos.

Además, el informe advierte sobre la presencia de entre 100 y 120 buques con licencias activas cada año, cifra que puede superar las 130 embarcaciones durante las temporadas de mayor actividad pesquera. También cuestiona la participación de flotas europeas que operan bajo licencias británicas pese a que sus países reconocen formalmente la soberanía argentina sobre las islas.

Desde el punto de vista ambiental, la fundación alertó sobre riesgos concretos de sobreexplotación. La suspensión de la segunda temporada de pesca del calamar Loligo en 2024 por falta de biomasa fue presentada como un indicio de deterioro ecológico en el Atlántico Sur.

La organización anunció además que realizará presentaciones ante organismos nacionales e internacionales para reclamar medidas diplomáticas, ambientales y comerciales contra la explotación unilateral de recursos en Malvinas. “Este no es un problema pesquero: es un problema de soberanía, de desarrollo económico y de sustentabilidad ambiental”, sostuvo Cereseto.