Durante la segunda sesión ordinaria del año, la Legislatura provincial sancionó una norma destinada a proteger a los usuarios residenciales frente al impacto económico de la temporada invernal. La iniciativa establece que entre el 1 de junio y el 30 de septiembre no podrán realizarse interrupciones en los servicios de energía eléctrica, gas natural ni agua potable por falta de pago.

La ley, impulsada por legisladores del Partido Justicialista bajo el expediente “asunto N° 269/26”, también introduce cambios sobre el esquema tarifario vigente. En ese sentido, las empresas prestadoras deberán retrotraer los valores de sus facturas a los montos que regían el 1 de diciembre de 2025. Para concretar esa adecuación tendrán un plazo máximo de diez días corridos.

Además, el texto aprobado obliga a las distribuidoras a ofrecer planes de pago para quienes mantengan deudas acumuladas, con el objetivo de facilitar la regularización de la situación de los usuarios. Mientras permanezca vigente la emergencia, tampoco podrán aplicarse intereses compuestos sobre los saldos pendientes.

Otro de los puntos incorporados contempla beneficios especiales para organizaciones comunitarias y espacios de asistencia social, entre ellos comedores barriales, merenderos y centros de jubilados, que recibirán condiciones preferenciales.

La normativa también redefine el mecanismo para futuras actualizaciones tarifarias. A partir de ahora, cualquier incremento deberá ser debatido previamente en audiencia pública. Luego, los nuevos cuadros tarifarios tendrán que ser enviados a la Legislatura y quedarán ratificados únicamente si el cuerpo parlamentario no expresa objeciones en la sesión siguiente a su presentación.