La medida alcanza tanto a nuevas ejecuciones como a aquellas que ya se encuentran en trámite y está dirigida exclusivamente a las deudas generadas durante el período en que los beneficiarios no percibieron, total o parcialmente, dicho complemento previsional.

El proyecto, identificado como asunto N° 210/26, surgió a partir de los reclamos de policías retirados y pensionados del exterritorio nacional, quienes expusieron las dificultades económicas ocasionadas por los atrasos en los pagos y las consecuencias que esto provocó en el cumplimiento de compromisos financieros asumidos con el BTF.

La normativa establece además que, mientras dure la suspensión, no podrán aplicarse intereses punitorios sobre las obligaciones alcanzadas por la ley. También se prohíbe la adopción de medidas cautelares o ejecutivas y la incorporación de calificaciones negativas en bases de datos crediticias vinculadas a esos incumplimientos.

Por otra parte, la ley instruye al Banco de Tierra del Fuego a poner en marcha, en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la norma, un régimen especial de refinanciación y reestructuración de deudas. El esquema deberá contemplar la capacidad real de pago de los beneficiarios alcanzados por la medida.

Además, la legislación incorpora modificaciones sobre el funcionamiento de la Caja de la Policía. Con la entrada en vigencia de esta norma quedó derogado el artículo 10 de la Ley provincial N° 834 y se dispuso que los directores de la institución no podrán percibir honorarios, viáticos, gastos de representación ni ningún otro tipo de compensación económica por el ejercicio de sus funciones.