La jueza federal con competencia electoral, Mariel Zanini, resolvió no avanzar por el momento con la publicación del cronograma electoral para la elección de convencionales constituyentes prevista en Tierra del Fuego para el próximo 9 de agosto, en medio de la creciente incertidumbre política y judicial que rodea al proceso de reforma constitucional impulsado por el Gobierno provincial.

La decisión se conoció luego de que la Legislatura derogara la ley que declaraba la necesidad de la reforma parcial de la Constitución fueguina, norma que había servido de sustento jurídico para la convocatoria realizada mediante el Decreto 751/26 firmado por el Ejecutivo provincial.

En el expediente vinculado a las elecciones extraordinarias de convencionales constituyentes, Zanini sostuvo que el actual escenario obliga a actuar “con prudencia” para “preservar la confianza pública en los procesos electorales”. Además, advirtió sobre una “situación de inestabilidad respecto del proceso electoral convocado”, haciendo referencia directa al nuevo contexto político e institucional generado tras la derogación legislativa.

La magistrada consideró que avanzar ahora con la fijación de plazos y etapas electorales “difícilmente contribuiría a dotar de certeza y seguridad jurídica al proceso”, ya que existe el riesgo de que el cronograma pueda verse afectado por futuras resoluciones judiciales o cambios en el escenario legal.

El conflicto por la reforma constitucional fueguina continúa además bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde permanece en trámite un recurso vinculado a la presentación impulsada por el legislador Jorge Lechman contra el proceso de convocatoria.

La resolución judicial también llegó luego de planteos realizados por distintos partidos políticos que habían solicitado precisiones sobre los plazos electorales y el avance formal del proceso.

No es la primera vez que la discusión por la reforma constitucional queda atravesada por decisiones judiciales. Ya en 2024, el Superior Tribunal de Justicia había suspendido sin plazo las elecciones constituyentes convocadas en aquel momento por el Gobierno provincial.

Mientras tanto, la causa fue remitida al Ministerio Público Fiscal y el futuro de la elección de convencionales constituyentes continúa envuelto en un escenario de incertidumbre política y judicial.