El ministro coordinador de Gabinete, Jorge Canals, se refirió a la situación generada tras la decisión de la jueza electoral de dar intervención a la Fiscalía en el expediente vinculado a la convocatoria para la reforma de la Constitución provincial y ratificó que el Ejecutivo avanzará con el veto a la derogación de la Ley 1529 aprobada por la Legislatura.

En declaraciones a FM Del Pueblo, Canals cuestionó el accionar de sectores vinculados al Poder Judicial y sostuvo que “lo único que se intentó con esto es dilatar en el tiempo, hacer una dilación más”. Además, consideró que desde algunos ámbitos judiciales existe “una posición muy de corporativismo, de defensa propia del Poder Judicial”.

El funcionario remarcó que la convocatoria a elecciones constituyentes “es un proceso legal constituyente” y afirmó que la jueza electoral “tendría que haber emitido el cronograma electoral para que los partidos políticos puedan poner en día sus propias instituciones”.

Canals sostuvo que la decisión judicial de requerir intervención de la Fiscalía “no tendría que haberse hecho jamás” porque, según planteó, la derogación aprobada por la Legislatura aún no tenía efecto jurídico debido a que el Ejecutivo se encontraba dentro de los plazos legales para vetarla o promulgarla.

En ese sentido, confirmó que “hoy está ingresando el veto” y aseguró que el mismo “tiene un sustento jurídico muy fuerte”. También afirmó que el Gobierno continuará adelante con el cronograma electoral porque entiende que “el proceso electoral ya está en marcha”.

Durante la entrevista, el ministro cuestionó además el comunicado difundido por la Asociación de Magistrados, el cual interpretó sus declaraciones públicas como una presión hacia la Justicia. “Me llama poderosamente la atención que la Asociación de Magistrados no haya dicho nada cuando el Superior Tribunal de Justicia decidió rechazar la designación de una jueza”, expresó.

Asimismo, indicó que la reforma constitucional “es una voluntad popular” y consideró que impedir el avance del proceso electoral afecta el funcionamiento democrático. “Sin urnas en las escuelas donde los vecinos de la provincia puedan emitir su voto, tampoco hay democracia”, manifestó.

Canals también coincidió con declaraciones del senador mandato cumplido Pablo Blanco, quien había calificado la situación como un “zafarrancho”. Según sostuvo el funcionario, la Ley 1529 “ya había sido ejecutada” porque el gobernador Gustavo Melella cumplió con el llamado a elecciones mediante decreto.

Finalmente, el ministro reiteró que desde el Ejecutivo consideran que la intervención judicial busca “dilatar los tiempos y el proceso de la reforma”, aunque señaló que espera que la situación quede “zanjada” con el ingreso del veto durante la jornada.