La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió desestimar la demanda impulsada por el Gobierno de Tierra del Fuego contra el Estado Nacional por la aplicación del decreto 566/2019, normativa que había establecido un congelamiento transitorio en el precio interno del petróleo.

La administración provincial sostenía que la medida había provocado un perjuicio económico en la recaudación de regalías hidrocarburíferas. Sin embargo, durante el desarrollo del expediente, informes presentados por la propia provincia terminaron contradiciendo ese planteo inicial.

Según se desprende de la documentación incorporada a la causa, organismos técnicos provinciales y la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) reconocieron que no existieron pérdidas económicas derivadas de la aplicación del decreto nacional. En uno de los informes presentados ante la Justicia se señaló expresamente que “la Provincia no ha sufrido perjuicio económico respecto de las regalías hidrocarburíferas”.

Además, en las actuaciones judiciales también se dejó constancia de que las empresas petroleras habían liquidado las regalías utilizando el tipo de cambio establecido por la normativa vigente.

Frente a estas presentaciones realizadas por el propio Estado fueguino, el máximo tribunal entendió que ya no existía un conflicto concreto que justificara mantener abierta la discusión judicial, por lo que resolvió rechazar la acción declarativa impulsada por la provincia.

El fallo generó repercusiones en el ámbito político y jurídico provincial debido a que la demanda continuó avanzando incluso después de que el decreto cuestionado dejara de tener vigencia y pese a los informes oficiales que descartaban daños económicos.

La decisión de la Corte también vuelve a poner bajo análisis la estrategia judicial del Ejecutivo provincial en distintas causas de relevancia institucional. En los últimos meses, el Gobierno fueguino enfrentó otros escenarios complejos vinculados a disputas judiciales sobre temas estratégicos para la provincia, como el puerto de Ushuaia y el proceso de reforma constitucional.

Con este fallo, queda cerrado definitivamente el litigio iniciado por Tierra del Fuego en torno al congelamiento del precio interno del petróleo dispuesto durante 2019. La resolución deja además un fuerte debate sobre el manejo técnico y jurídico de las causas que la provincia lleva adelante ante los tribunales nacionales.