El Poder Ejecutivo Provincial vetó la ley aprobada en la última sesión de la Legislatura, mediante la cual se buscaba dejar sin efecto la convocatoria al proceso de reforma parcial de la Constitución de Tierra del Fuego. Desde el Gobierno sostuvieron que la norma sancionada afecta principios institucionales, democráticos y jurídicos esenciales.

El argumento central del veto señala que el proceso de reforma constitucional ya se encuentra en marcha, luego de que la Legislatura declarara oportunamente la necesidad de avanzar con la modificación de la Carta Magna provincial. Esa decisión, remarcaron, fue adoptada con la mayoría agravada que exige la Constitución y derivó posteriormente en el decreto de convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes.

Desde el Ejecutivo advirtieron que no se trata de una ley ordinaria que pueda ser anulada sin consecuencias institucionales, sino de la activación de un mecanismo excepcional previsto por la propia Constitución. En ese marco, ya se habían iniciado actos concretos, entre ellos el llamado formal a la ciudadanía para elegir a sus representantes constituyentes.

El ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, cuestionó duramente la decisión legislativa y afirmó que “lo que ha resuelto el Poder Legislativo es inconstitucional desde el mismo momento del tratamiento”. Además, explicó que la convocatoria a la reforma “no es una ley simple, no es una ley común”, sino un proceso de jerarquía superior vinculado al ejercicio de derechos constitucionales.

Canals también sostuvo que frenar la convocatoria implicaría afectar derechos políticos de los vecinos y vecinas. “No se puede quitar el derecho al vecino a elegir o a ser elegido”, expresó, al tiempo que remarcó que todo el procedimiento se realizó dentro del marco legal y constitucional vigente.

En los fundamentos del veto, el Gobierno planteó que la Legislatura no intentó simplemente derogar una norma común, sino interrumpir un proceso constitucional ya iniciado. Según el Ejecutivo, admitir esa posibilidad generaría un escenario de inseguridad institucional, ya que permitiría que mayorías circunstanciales reviertan decisiones adoptadas conforme a la Constitución.

Otro de los puntos señalados es que actualmente existe un proceso electoral formalmente convocado, por lo que su interrupción repentina afectaría la previsibilidad institucional y los derechos de participación política de la ciudadanía fueguina.

Finalmente, desde el Gobierno provincial defendieron el veto como una medida orientada a resguardar el proceso democrático, la institucionalidad y el derecho de los fueguinos a debatir y decidir sobre el futuro de la Constitución Provincial a través de los mecanismos previstos por el orden constitucional.