Las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum avanzan con nuevos planes para ampliar la explotación de crudo en el yacimiento Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La iniciativa vuelve a quedar en el centro de la controversia por tratarse de una zona alcanzada por el reclamo de soberanía argentino y por actividades que el país considera ilegales al no contar con autorización nacional.

El proyecto se encuentra en el área conocida como Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros del archipiélago, y contempla una operación de largo plazo. Según la información difundida por las compañías, el desarrollo prevé la perforación de 23 pozos y una producción estimada en más de 300 millones de barriles de petróleo durante un período de tres décadas.

Para las primeras etapas, las empresas utilizarán el buque Aoka Mizu, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga con capacidad para procesar hasta 55 mil barriles diarios. Rockhopper posee el 35% del emprendimiento, mientras que Navitas controla el 65% restante y está a cargo de la operación general del proyecto.

Los planes de las compañías no se limitan a esa primera fase. La operadora también confirmó la firma de un memorándum de entendimiento para sumar una segunda unidad flotante de producción, lo que permitiría incorporar otros 125 mil barriles diarios. De concretarse esa ampliación, Rockhopper accedería a unos 43.750 barriles adicionales por día según su participación accionaria.

Mientras tanto, las firmas ya iniciaron trabajos vinculados a la infraestructura necesaria para el desarrollo del yacimiento. Las primeras tareas incluyen adecuaciones en instalaciones portuarias y bases de apoyo en tierra. Durante 2026 también está previsto avanzar con obras para alojar personal y sostener la futura campaña de perforación.

De acuerdo con el cronograma informado, la perforación y completamiento de pozos comenzaría en 2027, mientras que la primera producción comercial de petróleo se espera para el primer semestre de 2028. En paralelo, Navitas decidió trasladar a Asia los trabajos de reacondicionamiento del buque Aoka Mizu, que originalmente iban a realizarse en Medio Oriente, debido a razones de seguridad vinculadas al conflicto en esa región. Ese cambio elevó el presupuesto del proyecto en unos 45 millones de dólares.

Frente a este escenario, el Gobierno argentino ratificó su rechazo a la explotación hidrocarburífera en el área. Cancillería sostiene que las licencias otorgadas por la administración británica en las islas carecen de legitimidad, ya que se trata de recursos naturales ubicados en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa reconocida internacionalmente.

La Argentina también recordó que Rockhopper y Navitas fueron sancionadas por desarrollar actividades consideradas ilegales en la plataforma continental argentina. En el caso de Rockhopper, la compañía fue declarada responsable por resoluciones de la Secretaría de Energía e inhabilitada para operar en el país durante veinte años, medida que también alcanzó a Navitas Petroleum.

El desarrollo de Sea Lion cuenta con respaldo de la administración británica en las islas, que aprobó mecanismos fiscales, garantías para inversores y el uso de tierras necesarias para la ejecución del emprendimiento. Para el Reino Unido y las autoridades isleñas, el proyecto representa una oportunidad económica. Para la Argentina, en cambio, constituye un nuevo capítulo de tensión en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas y los recursos del Atlántico Sur.