El Gobierno nacional envió al Senado un nuevo proyecto de ley orientado a combatir la ludopatía y regular el acceso a plataformas de apuestas online, una iniciativa que propone endurecer controles sobre menores de edad y perseguir sitios ilegales, aunque abre una fuerte discusión política al permitir, bajo ciertas condiciones, la publicidad de juegos de azar autorizados.

La propuesta marca diferencias con el proyecto impulsado por sectores opositores y aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, que planteaba mayores restricciones a la difusión y promoción de apuestas online.

Entre los puntos centrales del texto enviado por el Poder Ejecutivo se encuentra la prohibición expresa del acceso de menores a plataformas de juego online, además de medidas vinculadas a prevención, monitoreo y abordaje del juego problemático.

La iniciativa también prevé campañas de sensibilización sobre los riesgos del juego patológico, el desarrollo de estadísticas epidemiológicas y la identificación de grupos vulnerables para fortalecer políticas de prevención, asistencia y rehabilitación.

Uno de los ejes más debatidos será el tratamiento de la publicidad. Mientras el proyecto opositor aprobado en Diputados restringía severamente este tipo de difusión, la propuesta oficial habilita campañas publicitarias de operadores autorizados, aunque bajo determinadas reglas.

Según el texto, seguirá prohibida la promoción de plataformas ilegales o no habilitadas, pero se permitirá la difusión de operadores registrados siempre que no esté dirigida a menores de edad ni utilice mensajes que vinculen las apuestas con el éxito económico, social, laboral o la aceptación personal.

Además, las publicidades no podrán asociar el juego con consumo de alcohol o tabaco, ni presentar contenidos que estimulen conductas de riesgo. También se exigirá a medios y plataformas verificar que los anuncios correspondan a operadores habilitados por las autoridades competentes.

El proyecto establece asimismo sanciones penales para quienes exploten apuestas online ilegales. Se prevén penas de prisión de entre tres y seis años para quienes operen plataformas sin autorización, mientras que podrían recibir condenas de entre dos y cuatro años quienes faciliten el funcionamiento de esos sitios mediante servicios financieros, tecnológicos, digitales o publicitarios sabiendo que actúan sin habilitación.

La iniciativa deberá comenzar ahora su recorrido legislativo en el Senado, donde será analizada por las comisiones de Legislación General, Salud y Justicia y Asuntos Penales. Allí podrían surgir modificaciones, especialmente por las diferencias existentes respecto del texto aprobado previamente en Diputados.

El debate promete generar tensión política, principalmente por el capítulo referido a la publicidad de apuestas online, un punto donde el oficialismo y sectores opositores mantienen posiciones contrapuestas sobre cómo enfrentar el crecimiento de la ludopatía, especialmente entre adolescentes y jóvenes.