El Gobierno nacional formalizó una nueva ley impulsada por el Registro Nacional de Armas (RENAR) que establece un procedimiento excepcional para regularizar la tenencia de armas de fuego no registradas en todo el país y amplía el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

La iniciativa fija un plazo de 360 días para que personas que posean armas de fuego de uso civil, de uso civil condicional o sus repuestos principales, y que actualmente no se encuentren registradas conforme a la normativa vigente, puedan iniciar el proceso de regularización correspondiente.

El objetivo de la medida es mejorar el nivel de registración del material existente, fortalecer la trazabilidad y ampliar la capacidad de control del Estado sobre armas y materiales sensibles que hoy permanecen fuera del sistema formal.

Desde el organismo señalaron que la medida apunta a ordenar situaciones existentes sin reducir exigencias legales, permitiendo incorporar al sistema armas no registradas mediante mecanismos más ágiles, verificables y con mayor seguimiento administrativo.

La normativa se inscribe dentro del esquema regulatorio vigente sobre armas en Argentina, que incluye la Ley 20.429 de Armas de 1973, el Decreto Reglamentario 395 de 1975, la Ley 27.192 de creación de la ANMaC y el Decreto 445/2025, mediante el cual la Agencia Nacional de Materiales Controlados fue transformada en el Registro Nacional de Armas, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

Según datos difundidos por el organismo, durante 2025 existen 950.353 usuarios individuales de armas registrados, de los cuales 595.204 tienen sus permisos vencidos y 355.149 se encuentran vigentes. En ese marco, la ley busca facilitar la actualización de datos y la regularización de situaciones pendientes dentro del sistema legal.

Además, la norma extiende por cuatro años el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, una herramienta que permite a ciudadanos entregar armamento para retirarlo de circulación. La medida complementa el esquema de regularización, ya que mientras una vía apunta a incorporar armas al sistema formal, la otra promueve su retiro definitivo.

De acuerdo con cifras oficiales incluidas en el proyecto, entre 2017 y 2023 miles de armas fueron entregadas voluntariamente, con registros anuales que reflejan una continuidad del programa, aunque con variaciones en la cantidad de entregas.

Desde el RENAR señalaron que esta ley forma parte de un proceso más amplio de modernización del sistema, que incluye digitalización de credenciales, trámites simplificados y nuevas herramientas administrativas destinadas a mejorar la registración y el control sobre la tenencia legal de armas de fuego.