El Gobierno de la provincia de Buenos Aires abrió una investigación contra Mercado Libre por la presunta inclusión de cláusulas abusivas en distintos contratos y condiciones de uso de sus servicios. La actuación fue impulsada por el Ministerio de Producción bonaerense y podría derivar en una sanción económica que supera los 1.800 millones de pesos.

La revisión estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, que analizó la documentación vinculada al funcionamiento de la plataforma, incluyendo las condiciones generales de uso, los contratos de préstamos personales y los mecanismos de financiamiento para compras y pagos.

Según informaron desde la administración provincial, se detectaron más de diez cláusulas que podrían vulnerar derechos contemplados en la Ley de Defensa del Consumidor. Entre las observaciones figuran cuestiones relacionadas con modificaciones contractuales aceptadas de manera automática, criterios poco precisos para el cobro de tarifas, limitaciones de responsabilidad ante fallas técnicas y disposiciones que podrían afectar la posición de los usuarios frente a la empresa.

Desde la Provincia señalaron que estas condiciones "presentarían abusividad" al generar un desequilibrio entre las obligaciones y derechos de las partes en perjuicio de los consumidores. También se cuestionaron cláusulas vinculadas a compensaciones entre cuentas, débitos sobre terceros, exenciones anticipadas de responsabilidad y mecanismos de resolución de conflictos que podrían limitar las opciones de los usuarios.

Antes de avanzar con una eventual sanción, las autoridades otorgaron a Mercado Libre la posibilidad de modificar o eliminar las cláusulas observadas. En caso de no corregirlas, la empresa podría enfrentar una multa de hasta 1.815 millones de pesos.

La investigación se desarrolla de manera independiente a las denuncias particulares realizadas por usuarios. De acuerdo con datos oficiales, Mercado Libre encabeza el ranking de reclamos en la provincia de Buenos Aires, con 2.396 presentaciones registradas durante los primeros cuatro meses del año.

Desde la compañía fundada por Marcos Galperin rechazaron los cuestionamientos y remarcaron que el expediente corresponde a una instancia administrativa preliminar. "La imputación mencionada corresponde a una instancia inicial de revisión administrativa de oficio, no implica sanción alguna y no surge de reclamos concretos de usuarios afectados", indicaron.

Asimismo, la firma adelantó que presentará la documentación correspondiente para ejercer su defensa. "Rechazamos las acusaciones planteadas y presentaremos el descargo correspondiente en tiempo y forma, aportando toda la información y aclaraciones necesarias", señalaron.

La empresa sostuvo además que sus contratos cumplen con la normativa vigente y aseguró que mantiene una relación permanente con los organismos de control. "Mercado Libre cuenta con Términos y Condiciones claros, transparentes y alineados con la normativa vigente, por lo que rechazamos cualquier interpretación que sugiera lo contrario", afirmaron desde la plataforma.