El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación del nuevo esquema que transformará el sistema de cobertura para indemnizaciones laborales en el sector privado registrado. La medida quedó oficializada mediante un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial y establece el funcionamiento del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo previsto dentro de la Ley de Modernización Laboral aprobada meses atrás.

El régimen implicará un cambio en la forma de afrontar los costos derivados de despidos y obligaciones laborales. A partir de ahora, las empresas deberán realizar aportes periódicos a fondos específicos administrados por entidades financieras autorizadas, desde donde se cubrirán las compensaciones económicas correspondientes cuando se produzca la finalización de una relación laboral.

Según la reglamentación, el sistema alcanzará únicamente a trabajadores del sector privado correctamente registrados y con una antigüedad mínima de doce meses previos a la extinción del vínculo laboral. Las relaciones laborales excluidas por ley y el empleo público no estarán comprendidos dentro de este esquema.

El funcionamiento prevé que cada empleador abra una cuenta individual dentro de fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros aprobados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Allí se acreditarán los aportes mensuales destinados a garantizar el pago de futuras indemnizaciones. En caso de que una empresa no informe dentro del plazo correspondiente el fondo elegido, la asignación será realizada automáticamente para asegurar la continuidad del sistema.

La administración de los recursos tendrá reglas específicas. Las inversiones sólo podrán canalizarse en instrumentos financieros y activos negociados dentro del país, mientras que las comisiones de administración estarán limitadas por normativa. Además, los aportes realizados podrán computarse como deducciones impositivas y reducir parte de las contribuciones patronales, bajo determinadas condiciones.

Cuando ocurra una desvinculación laboral alcanzada por el régimen, el empleador deberá presentar una declaración electrónica con la información correspondiente. Luego, la entidad administradora verificará los datos del trabajador y realizará la transferencia de la compensación económica directamente a su cuenta bancaria en un plazo máximo de cinco días hábiles.

El decreto también fija mecanismos de control y sanciones para las empresas que incumplan los aportes obligatorios, incluyendo multas y procedimientos de ejecución fiscal. Asimismo, se establecieron reglas de portabilidad para transferir fondos entre administradoras y garantizar continuidad ante reorganizaciones empresariales o cesiones de personal.

Uno de los puntos que terminó de definirse es la fecha de entrada en vigencia. Aunque inicialmente se especulaba con una implementación más temprana, el nuevo esquema de indemnizaciones laborales comenzará a regir oficialmente desde el 1 de noviembre de 2026.