Uno de los puntos que más rechazo generó está vinculado con los aportes y cuotas incluidos en los convenios colectivos. La reglamentación establece límites concretos para las llamadas cuotas solidarias, que no podrán superar el 2% del salario, mientras que otros aportes destinados a cámaras empresarias, asociaciones o estructuras vinculadas a los convenios tendrán un tope del 0,5%. Hasta ahora, esos porcentajes eran definidos por las partes en la negociación colectiva.

El decreto también precisa que esos topes deberán calcularse de manera global, sin importar el nombre que se les otorgue dentro de cada convenio. Además, advierte que no serán homologados ni registrados los acuerdos que superen los límites fijados, por lo que los convenios vigentes que excedan esos valores deberán ser revisados y adaptados.

Otro aspecto sensible para el sindicalismo es la exigencia de mayor control sobre la representación gremial. La norma dispone que la cantidad real de afiliados podrá ser verificada mediante cruces con registros del SIPA y bases públicas. A su vez, incorpora como requisito la presentación de una declaración jurada patrimonial para las organizaciones que soliciten inscripción oficial ante la Secretaría de Trabajo.

La reglamentación también introduce cambios en la competencia entre sindicatos. Para disputar la mayor representatividad dentro de una actividad, el porcentaje mínimo de afiliados cotizantes baja del 20% al 5%, una modificación que podría abrir nuevas disputas por encuadramiento y generar preocupación entre gremios que actualmente poseen personería gremial.

En paralelo, el decreto fija condiciones para la actividad de los delegados dentro de las empresas. El uso de horas gremiales deberá avisarse con al menos 48 horas de anticipación, no podrá acumularse ni cederse, y tendrá que ejercerse sin afectar sectores considerados críticos para la continuidad operativa del establecimiento o del servicio.

También se establecen cambios sobre la protección de candidatos sindicales. Según la nueva reglamentación, la tutela legal caducará si la postulación no llega a oficializarse o si el candidato obtiene menos del 5% de los votos válidos en el proceso electoral.

La CGT consideró que estas medidas representan una intromisión en la vida interna de los gremios y adelantó que profundizará su rechazo. En ese marco, la central obrera analiza llevar el reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo, mientras crece el malestar interno y vuelve a instalarse la posibilidad de debatir una nueva medida de fuerza nacional.